En 2024, la Argentina recibió más de 4,6 millones de kilos de ropa usada importada, un incremento explosivo del 19.000% interanual que encendió las alarmas ambientales.
Por ello, la Fundación Pro Tejer lanzó una campaña masiva para restituir la prohibición que rigió hasta 2022 para importar ropa usada.
El objetivo de esto es evitar que el país se convierta en un destino de descarte del fast fashion global, con impacto directo en la gestión de residuos y el ecosistema.
La iniciativa, impulsada a través de la plataforma Change.org bajo el nombre NoEsRopaEsBasura, recolecta firmas para exigir al Gobierno la prohibición inmediata de la ropa usada importada.
Quienes impulsan la campaña advierten que la Argentina corre el riesgo de replicar escenarios devastadores vistos en la región, como los basurales textiles del desierto de Atacama en Chile.
Del control sanitario al boom comercial: cómo se gestiona la ropa usada importada en Argentina
Históricamente, la importación de ropa usada estuvo restringida en el país por razones de salud pública, higiene y protección de la industria nacional.
En 2010, el Decreto 2112 estableció la prohibición total, ratificada en 2017 mediante el Decreto 333 con vigencia hasta mayo de 2022.
Al no renovarse esa normativa, el ingreso de ropa usada importada quedó nuevamente habilitado.
Y, aunque durante 2022 y 2023 las importaciones fueron marginales, el crecimiento se aceleró exponencialmente desde 2024.
Según la entidad, los 4,6 millones de kilos ingresados ese año equivalen a entre 10 y 15 millones de prendas.
Aunque desde diciembre de 2024 el Gobierno exige un certificado de desinfección para importar ropa usada, Pro Tejer considera la medida claramente insuficiente.
Los riesgos ambientales y sanitarios de la ropa usada importada
«La importación masiva de ropa usada no es economía circular ni acceso al consumo: es descarte de excedentes del fast fashion de los países desarrollados», advirtieron desde Fundación Pro Tejer.
Cabe señalar que gran parte de estas prendas está compuesta por fibras sintéticas que no pueden reciclarse.
Estas telas de la ropa usada importada tardan décadas en degradarse y liberan microplásticos que contaminan los suelos y cursos de agua.
Frente a este problema, la Argentina carece de infraestructura adecuada para gestionar semejante volumen de residuos textiles.
Los riesgos sanitarios tampoco están controlados. Las prendas provenientes del fast fashoion pueden portar hongos, bacterias, parásitos y residuos químicos.
Hoy en día, no se verifica la composición de la ropa importada, ni se garantiza una trazabilidad sobre su origen, uso previo o condiciones de almacenamiento.
El impacto en la industria local
La petición subraya que restituir la prohibición contra el fast fashion no es una medida proteccionista, sino una decisión responsable.
Hoy, la cadena productiva textil argentina genera más de 500.000 empleos que están en riesgo.
Los puntos críticos que enumera la campaña incluyen:
- Contaminación ambiental: fibras sintéticas no reciclables que liberan microplásticos
- Riesgos sanitarios: presencia de hongos, bacterias y químicos peligrosos sin control
- Falta de trazabilidad: sin verificación de origen ni condiciones de almacenamiento
- Impacto laboral: afectación directa a más de 500.000 empleos del sector textil
- Ausencia de infraestructura: el país no puede gestionar estos volúmenes de residuos
La Fundación Pro Tejer enfatizó que el debate excede lo comercial y compromete el futuro ambiental, sanitario y laboral del país.
La campaña busca poner en agenda legislativa la restitución inmediata de la prohibición a la ropa usada importada que protegió al país durante más de una década.
