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La iniciativa impulsada por el Procurador General, Carlos Giménez, el Superior Tribunal de Justicia y el Colegio de Abogados sienta las bases orgánicas para la implementación del nuevo sistema procesal penal. Uno de los proyectos contempla que el Ministerio Público Fiscal recibirá el 40% de la recaudación por tasa de justicia y habilita al Procurador a crear una organización no gubernamental para promover la capacitación de sus integrantes. En la Comisión de Legislación, el fiscal Vladimir Glinka destacó la posibilidad de agilizar los procesos y acercar la Justicia a la ciudadanía.
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