El gobierno de Javier Milei establece un convenio que permite a ciudadanos israelíes obtener prestaciones sociales en Argentina, generando controversia en medio de ajustes internos y críticas por el desfinanciamiento de servicios esenciales.
El gobierno de Javier Milei ha formalizado un convenio bilateral con Israel que permite a los ciudadanos israelíes acceder al sistema de seguridad social argentino. Aunque el acuerdo fue firmado el 7 de febrero de 2024, comenzó a regir el 1° de mayo del mismo año y fue oficialmente reglamentado el 12 de junio de 2025 con su publicación en el Boletín Oficial.
Este tratado establece que cualquier ciudadano israelí con residencia legal en Argentina podrá beneficiarse de prestaciones sociales como jubilaciones, pensiones, asignaciones por maternidad, discapacidad y otros beneficios contributivos. A su vez, los ciudadanos argentinos que residan en Israel tendrán acceso al sistema de seguridad social de ese país, en un esquema de reciprocidad.
La implementación de esta medida se da en un contexto económico complicado, caracterizado por el congelamiento de jubilaciones, la disminución del poder adquisitivo de los salarios estatales y denuncias sobre el desfinanciamiento en áreas críticas como salud y educación. En las redes sociales, la noticia provocó una fuerte reacción negativa: muchos usuarios criticaron la contradicción entre los ajustes internos y la extensión de beneficios a ciudadanos extranjeros.
«El gobierno congela jubilaciones, veta aumentos y vacía hospitales, pero otorga asignaciones sociales a ciudadanos de otro país», expresó un usuario en X (ex Twitter), reflejando el descontento general.Además, la publicación del acuerdo fue interpretada como un gesto político que busca acercar a Argentina a Israel, nación con la que Milei ha mostrado afinidades tanto ideológicas como diplomáticas.
Esta política forma parte de una estrategia más amplia, evidenciada en sus visitas oficiales y declaraciones públicas.Más allá del contenido técnico del convenio, la controversia radica en su oportunidad. Para muchos, resulta sorprendente que mientras se recortan beneficios a los propios ciudadanos, se habiliten nuevas erogaciones en nombre de la reciprocidad internacional. Esto ha reavivado el debate sobre las prioridades del gobierno y el alcance del ajuste impulsado por La Libertad Avanza.
