Ocho policías de La Rioja se encuentran en el centro de una controversia tras ser imputados en una causa que los señala por privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas en la comisaría de Ulapes. La situación administrativa de estos efectivos ha generado versiones contradictorias que complican la posición del gobierno de Ricardo Quintela.
El abogado querellante, Nicolás Mercado, presentó el 12 de agosto a Asuntos Internos copias certificadas de las denuncias y otros documentos legales, con el objetivo de acelerar el proceso administrativo y definir la situación de los policías implicados. La investigación se inició a raíz de testimonios de personas que aseguran haber sido detenidas y sometidas a violencia en la comisaría, aunque las acusaciones aún requieren verificación judicial.
El fiscal Julián de la Colina confirmó que la investigación incluye a cinco policías de guardia, el comisario, el subcomisario y otro oficial. Sin embargo, se informó que no existen detenidos hasta el momento y que aún se aguardan diversas medidas judiciales solicitadas por las partes involucradas.
La administración de la situación de los policías no ha sido comunicada de manera clara. Aunque se había dispuesto el apartamiento preventivo de los implicados, posteriormente se supo que algunos estaban de licencia médica o administrativa, sin suspensión de sus funciones. Esto ha generado confusión sobre el estado real de los agentes investigados.
El gobierno provincial, a través de la conducción de la Policía, tiene la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento de Asuntos Internos y la preservación de la información relevante para la investigación. La Secretaría de Derechos Humanos provincial ha intervenido desde junio, solicitando celeridad en la investigación y el resguardo de las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Al 12 de agosto, la causa sigue su curso, con ocho policías imputados y sin condenas definitivas. A pesar de que la querella ha presentado documentación ante Asuntos Internos, la falta de claridad en la situación funcional de cada agente sigue siendo un tema de preocupación para la sociedad y las autoridades.
Fuente: NA
