Denuncias penales contra Javier Milei por la logística y la huida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos

La Casa Rosada quedó envuelta en una severa tormenta judicial y diplomática tras confirmarse el paso por suelo argentino del senador brasileño Flávio Bolsonaro durante su escape hacia los Estados Unidos. Múltiples presentaciones en los tribunales federales señalan al presidente Javier Milei, al canciller Pablo Quirno, a la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva y al jefe de Gabinete Diego Santilli por haber presuntamente facilitado el despliegue logístico y operativo de la maniobra. Las imputaciones solicitadas abarcan los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, sumado al cuestionamiento formal por comprometer el control soberano de las fronteras y los tratados de cooperación penal vigentes en el Mercosur.
La reconstrucción técnica del desplazamiento señala que el excandidato presidencial de la derecha brasileña ingresó al país por el paso fronterizo del puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, acompañado por su núcleo familiar. Tras la correspondiente revisión en las casillas de la Dirección Nacional de Migraciones, la comitiva abordó un chárter privado Gulfstream G400 operado por la firma Baires Fly en el aeropuerto misionero. La aeronave despegó con destino a Guayaquil para efectuar el reabastecimiento de combustible antes de aterrizar en el aeropuerto Opa-Locka de Miami, Florida. Las actuaciones judiciales intentan precisar el origen de los aproximadamente 140.000 dólares requeridos para la contratación de la nave a través de un bróker en Estados Unidos, además del eventual empleo de custodia u homologaciones administrativas por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y organismos de inteligencia.
Paralelamente, la embestida repercutió en el Congreso de la Nación, donde bloques opositores impulsaron pedidos formales de interpelación para que Quirno, Monteoliva y Santilli concurran a rendir explicaciones. Los legisladores reclaman detalles sobre la velocidad con la que se autorizó el plan de vuelo y la falta de alertas preventivas en la frontera, en un contexto de altísima fricción diplomática con el gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. De acuerdo con análisis constitucionalistas citados en despachos de Página/12 y de agencias de noticias internacionales, la figura de asilo político resulta inaplicable ante causas penales por lavado de activos o intento de golpe de Estado, lo que agrava la responsabilidad legal de los funcionarios intervinientes al amparar la evasión de la justicia de un país vecino.
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