El Senado de la Nación ha avanzado en el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei, que busca modificar profundamente los procedimientos de desalojo en el país. La media sanción fue obtenida en medio de un intenso debate que ha despertado posturas encontradas tanto en el ámbito político como social.
La iniciativa, presentada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone una serie de cambios significativos en los procesos judiciales relacionados con el desalojo de inmuebles. Uno de los aspectos más destacados es la adopción del proceso sumarísimo, que permite que los casos de desalojo se resuelvan en un plazo estimado de seis meses, en contraste con los tiempos habituales que pueden extenderse entre uno y dos años.
Otro cambio clave es la intimación de pago, donde se establece que, ante un atraso en el pago de alquiler, el propietario deberá notificar al inquilino otorgándole un plazo mínimo de diez días para regularizar su situación. Si no se cumple, se habilitará el inicio de la acción judicial de desalojo.
La ley también contempla la entrega anticipada del inmueble en casos de ocupaciones ilegales, permitiendo que un juez ordene la restitución antes de la sentencia definitiva, siempre que se presenten garantías adecuadas. En situaciones de falta de pago o vencimiento del contrato, el propietario podrá solicitar la desocupación inmediata, siempre bajo ciertas condiciones legales.
Además, se limita la presentación de pruebas en juicios por falta de pago, priorizando la documentación y evitando demoras por testimonios. La modernización del proceso incluye la habilitación del domicilio electrónico como canal válido para notificaciones y la incorporación de un reconocimiento judicial temprano para identificar ocupantes en situaciones problemáticas.
Finalmente, la ley establece la autorización del uso de la fuerza pública para llevar a cabo los desalojos, permitiendo acciones como el allanamiento y la apertura de cerraduras, lo que podría acelerar considerablemente el proceso de desalojo en casos de conflicto.
Fuente: La Nación
