Tras una auditoría realizada sobre miles de kilómetros de corredores viales, organismos nacionales como la Agencia Nacional de Seguridad Vial detectaron múltiples inconsistencias en dispositivos utilizados para registrar excesos de velocidad y emitir infracciones automáticas.
La situación encendió una nueva discusión sobre la validez de las fotomultas, el estado de habilitación de los cinemómetros y el rol de los municipios en el control vehicular sobre caminos de jurisdicción nacional.
El relevamiento incluyó cientos de dispositivos distribuidos en distintos puntos del país y dejó al descubierto problemas administrativos, técnicos y operativos que podrían impactar directamente en el sistema de fiscalización electrónica.
El operativo de verificación alcanzó una extensa red vial nacional y tuvo como objetivo comprobar si los radares instalados cumplían con las condiciones legales y técnicas necesarias para funcionar correctamente.
Dentro de ese proceso fueron inspeccionados más de 500 cinemómetros entre radares fijos y móviles utilizados para controlar excesos de velocidad. La revisión permitió corroborar que numerosos equipos presentaban diferencias respecto de sus autorizaciones originales, mientras que otros directamente no coincidían con los puntos donde debían operar (cerca de 120).
En varios casos se constató que algunos dispositivos autorizados ya no estaban instalados, habían dejado de funcionar o permanecían registrados administrativamente pese a no estar operativos.
