Mientras las obras sociales niegan coberturas esenciales y los trámites se vuelven imposibles, el Estado destina fondos a custodias, traslados y lujos para exfuncionarios. La discapacidad sigue siendo el punto ciego de la política y de los medios.
Emergencia, porque la indiferencia pone en riesgo la vida de miles de personas.
Urgencia, porque es necesario que esa indiferencia termine y que quienes viven con discapacidad reciban atención rápida y digna para evitar complicaciones graves.
¿Y cuál es la complicación?Son muchas. Pero en este caso quiero centrarme en una: la negativa sistemática de las obras sociales a responder con la cobertura necesaria.
La discapacidad no es un negocio.Es el débil latido de millones de seres vulnerables.Y en este reclamo también están las familias, que sostienen con esfuerzo, cansancio y silencio una realidad que el Estado mira de reojo.
Tramitar un Certificado Único de Discapacidad (CUD) es hoy una verdadera odisea.Si una persona está internada, por ejemplo tras un ACV que la deja postrada, el familiar debe —si sabe hacerlo, si tiene un celular y si logra descargar la app correcta— pedir turno en el centro donde se tramita el CUD.Los turnos suelen darse con dos o tres meses de demora.
Mientras tanto, la obra social responde que “el trámite no entra en la cobertura” porque es “un trámite personal”, negando incluso un traslado en ambulancia.Si el diagnóstico indica retraso madurativo, hipoacusia u otra patología que requiere acompañante las 24 horas, las prestadoras suelen responder por correo electrónico con una negativa.Así, las familias se ven obligadas a presentar recursos de amparo para acceder a derechos básicos.
Y mientras tanto, vemos cómo el Estado destina fondos para custodias personales, traslados de esteticistas, choferes o personal doméstico de exfuncionarios, cuando ese presupuesto debería estar orientado a cubrir las necesidades de las personas con discapacidad.Hablan de recortes, despidos y sueldos bajos, y es cierto que todos los reclamos laborales merecen atención.
Pero la discapacidad no aparece en la agenda, no es un tema que los medios prefieran, ni uno que genere rating o titulares.Sin embargo, detrás de cada silencio hay un niño que no puede acceder a su tratamiento, una madre que no logra conseguir una silla de ruedas, un adulto que no puede salir de su casa porque el sistema no lo contempla.
La discapacidad no puede seguir siendo un punto ciego del Estado.Se necesita un programa urgente, que simplifique los trámites, acompañe a las familias y controle a las obras sociales y organismos que incumplen.Porque la indiferencia también mata.
Por Andrea Abrigo.
