La emergencia pública en materia social por violencia de género seguirá vigente en Salta por otros dos años, tras la aprobación de una nueva prórroga de la Ley 7.857. Es la sexta vez que la norma se extiende desde su sanción, en 2014, mientras los datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) muestran que la problemática continúa y que las denuncias siguen en aumento.
«Cuando se declara la emergencia es porque hay una situación preocupante en la provincia, con una cantidad considerable de femicidios, pero también por un femicidio muy cruento como el de Rosana Alderete. Se declara la prórroga porque no ha cambiado esa situación, que es estructural y que va a demorar años en cambiar», explicó a El Tribuno Ana Pérez Declercq, directora del OVcM.
Señaló que desde 2016, cuando el Observatorio comenzó a contabilizar las denuncias, se registra un aumento del 98% hasta el año pasado. A esto se suma que, al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo período de este año, las denuncias crecieron otro 5%.
«Aumentó muchísimo la cantidad de denuncias y está la necesidad de seguir sosteniendo una estructura que permita políticas de prevención en esta temática. Este es el motivo por el cual el Observatorio le presentó al senado datos concretos por los cuales se considera que tiene que sostener la declaración de emergencia», sostuvo.
Lo novedoso de este año es que, además de sostener la emergencia, el Observatorio propone modificar el modo de abordaje. Pérez Declercq explicó que, pese a la creación de juzgados, defensorías, el Polo Integral de las Mujeres y el propio Observatorio, muchas veces todo el proceso posterior a la denuncia recae sobre la víctima.
«Una vez que la persona denuncia, muchas veces es la propia persona la que tiene que ir a buscar a la psicóloga, a buscar a la abogada, si no la notificó la Policía, ver qué pasó con esa notificación, si la consigna policial no llega, ver por qué no llega la consigna policial. Todo recae en la propia víctima, que se termina convirtiendo en gestora de su propia problemática», describió.
Por eso, este año el Observatorio planteó incorporar referentes por barrios y localidades que puedan realizar un seguimiento de las situaciones de violencia, especialmente cuando se detecta que existe riesgo.
«Muchas veces la persona, también comprendiendo la problemática, si está en una situación de violencia, lo más probable es que piense que la persona va a cambiar, que fue un momento, que fue un episodio aislado, y no busque un abogado, no busque ayuda. Entonces es por eso que el Estado tiene que sostener a esa persona», planteó.
El 27% de las denuncias
Otro de los datos que el Observatorio considera significativo es la proporción que representa la violencia de género dentro del total de denuncias que se reciben en las comisarías de la provincia.
«Del total de denuncias en la provincia, de robo de motos, lo que sea, un 27% corresponde a la violencia de género», señaló Pérez Declercq.
Para la directora, el dato permite dimensionar cuánto representa esta problemática dentro de la demanda que recibe el sistema de seguridad. «Si uno dice, bueno, hay que velar por la seguridad de la provincia, y voy a destinar para que no roben para esto o para lo otro, bueno, ¿cuánto destino para violencia de género? Realmente me ocupo un 27% de lo que se maneja en comisaría», planteó.
Femicidios
En lo que va del año, Salta registra siete femicidios, uno de ellos vincular. Pérez Declercq también destacó una característica de los femicidios registrados este año: salvo un caso ocurrido en Metán, las víctimas eran mayores de 35 años.
Esto habla de personas que tuvieron «un recorrido y una posibilidad de que la situación de violencia de género se detecte antes», precisó.
Además, señaló que todos los femicidios de este año fueron cometidos por las parejas de las víctimas. Y vinculó este dato con la necesidad de trabajar en la Educación Sexual Integral (ESI), los vínculos y la forma en que se construyen las relaciones de pareja.
«Eso tiene que ver fuertemente con cómo nos relacionamos, cómo miramos a la pareja, si tiene que ver con una cuestión de que ´sos mi propiedad», sostuvo.
«La ESI se desdibuja en las escuelas»
La situación de ESI en las escuelas también preocupa al Observatorio. Pérez Declercq explicó que Salta quedó sin el programa nacional del que dependían seis personas cuyos salarios eran financiados por Nación.
«Si bien la ministra de Educación nos manifestó en el Observatorio un interés en la ESI, la realidad es que al no tener un programa, no tenemos material propio, no tenemos personas exclusivamente dedicadas a la ESI y se termina desdibujando», señaló.
También advirtió sobre la discontinuidad del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). Según los datos trabajados por el Observatorio, a partir de su implementación los embarazos adolescentes disminuyeron un 68%.
El acceso a la información, el plan ENIA, la falta de ESI, todo eso se ve reflejado lamentablemente en datos de salud sexual y reproductiva y también en violencia», sostuvo.
«La ESI no es solamente como muchos creen, hablar solo de relaciones sexuales sino que aborda las relaciones de género, la construcción del género y la relación con el propio cuerpo», hizo hincapié.
En ese sentido, destacó que Salta es la cuarta provincia con más denuncias de abuso sexual, lo que refleja un gran trabajo de detección en las escuelas.
«Muchas veces la familia lo puede ocultar, pero la docente tiene la obligación de denunciar y las docentes están denunciando ese tipo de delitos», afirmó.
Este año, el Observatorio trabajó con Educación en una nueva versión del formulario de protocolo para estas situaciones, elaborado originalmente en 2019.
