El paquete de alivio fiscal anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, ofrece una pausa frente a los embargos y nuevas posibilidades para regularizar deudas, pero no resuelve las dificultades que tienen empresas y trabajadores independientes para pagar sus obligaciones. Esa es una de las observaciones que plantearon los contadores salteños Daniel Amador, Juan López López y Néstor Daniel Cáseres, quienes analizaron el alcance de las medidas y los problemas que siguen pendientes.
«Estos son alivios fiscales que no terminan, son parches a la situación, pero la situación no termina de despegar», sostuvo Amador. El profesional advirtió que los anuncios no significan una condonación y que, mientras se instrumentan las facilidades, siguen llegando requerimientos de pago a los domicilios fiscales electrónicos de los contribuyentes.
El Gobierno presentó las medidas durante la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. El esquema contempla la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027 para los contribuyentes alcanzados, la ampliación de un régimen de regularización y la posibilidad de utilizar determinados saldos a favor para cancelar obligaciones aduaneras.
La suspensión no elimina las deudas ni dispone el levantamiento automático de los embargos anteriores. También mantiene excepciones para que el organismo recaudador actúe cuando exista un riesgo grave para los intereses del fisco.
Amador puso el foco en los trabajadores autónomos y en las notificaciones que recibieron contribuyentes de su estudio. Según explicó, se trata de personas que desarrollan actividades independientes dentro del régimen general y que, además de sus obligaciones impositivas, deben realizar el aporte previsional correspondiente.
«Hoy han empezado a caer notificaciones a varios contribuyentes, te diría a bastantes, notificándolos, intimándolos a través del domicilio fiscal electrónico a regularizar la situación de autónomos», señaló.
El contador indicó que ese componente queda excluido del plan de facilidades al que se refirió en su análisis. También mencionó la exclusión de anticipos impositivos y remarcó que la posibilidad de financiar otras obligaciones no implica que desaparezcan los intereses.
«No significan condonación», insistió. Según precisó, deben considerarse tanto los intereses resarcitorios de la deuda como el costo de financiación del plan, que ubicó en un 2,75% mensual. Por eso, sostuvo que cada contribuyente debe evaluar qué compromiso puede asumir de acuerdo con sus recursos.
Amador también observó dificultades entre los monotributistas. En una aclaración posterior, afirmó que el plan analizado no los comprende y advirtió sobre las consecuencias de acumular cuotas impagas, entre ellas la baja del régimen.
Para Juan López López, la insuficiencia del paquete tiene una explicación más amplia: la falta de recursos para cumplir con el fisco está vinculada con la situación de la actividad económica.
«Es una medida meramente circunstancial, meramente coyuntural, no soluciona el problema de las pequeñas y medianas empresas, que tiene que ver fundamentalmente con el consumo», afirmó.
El contador atribuyó las dificultades a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y a la caída de las ventas. En su evaluación, la desaceleración de la inflación está relacionada con esa contracción del consumo. También cuestionó la reducción de subsidios y de la obra pública nacional, aunque mencionó las gestiones provinciales para obtener obras para el año próximo.
En el caso del comercio salteño, agregó el ingreso de mercadería desde Bolivia y la apertura de importaciones entre los factores que, a su entender, afectan a la actividad local. Recordó, además, el reclamo empresarial por una reducción de impuestos.
Según describió, la falta de ingresos obliga a elegir qué obligaciones atender. «La pequeña y mediana empresa lo que está haciendo, de acuerdo a nuestra experiencia, es priorizar el pago de los sueldos, priorizar el pago de los empleados y atrasándose con los impuestos», expresó.
López López valoró, de todos modos, la posibilidad de regularizar deudas vencidas hasta el 31 de octubre y adherir al esquema hasta el 30 de junio de 2027. También señaló que pueden seguir llegando notificaciones vinculadas con actuaciones anteriores a la entrada en vigencia de las medidas.
Intimaciones que siguen y cuentas que no cierran
Sobre los monotributistas, López López sostuvo que pueden quedar comprendidos si reúnen las condiciones que mencionó, entre ellas un nivel de riesgo bajo y la gestión del certificado MiPyME.
El profesional también relacionó el crecimiento del monotributo con la precarización laboral. Según su análisis, personas que pierden empleos asalariados pasan a trabajar en plataformas de reparto o transporte y se incorporan al régimen simplificado. Consideró que esa situación afecta especialmente a los menores de 30 años.
El presidente del Consejo de Ciencias Económicas de Salta, Néstor Daniel Cáseres, diferenció las notificaciones administrativas de las medidas judiciales. Explicó que los requerimientos enviados al domicilio fiscal electrónico forman parte del procedimiento habitual cuando una obligación no se paga a término.
Luego de esa instancia puede iniciarse una ejecución judicial, en la que interviene un agente fiscal y pueden disponerse embargos de cuentas o bienes. Para Cáseres, el alivio anunciado apunta precisamente a frenar esa etapa, que agrava las dificultades de quienes ya no tienen recursos para cumplir.
«El contribuyente no paga porque no puede. La mayoría», sostuvo. Según explicó, el bloqueo de una cuenta puede provocar el rechazo de cheques, cortar los pagos a proveedores y transformar una deuda tributaria en un problema para toda la empresa.
Críticas
Cáseres cuestionó la utilización de la vía judicial como herramienta para mejorar la recaudación cuando el incumplimiento responde a una falta de capacidad de pago. Valoró la suspensión porque reduce esa presión, aunque señaló que hacen falta otras medidas para reactivar la actividad.
También distinguió la situación de los autónomos de la de los monotributistas. Sobre estos últimos, dijo que no había tenido casos de embargo por falta de pago del monotributo y ubicó sus principales dificultades en la caída del consumo, la interrupción de la cadena de pagos y los costos para sostener un local. Advirtió, además, que la baja por incumplimiento les genera obstáculos para facturar y acreditar su inscripción.
El paquete informado por el Gobierno incluye un plan de hasta 18 cuotas para obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2026. La incorporación de esas deudas estará habilitada desde el 16 de noviembre, mediante el servicio Mis Facilidades de ARCA, con plazo de adhesión hasta el 30 de junio de 2027.
Otros anuncios que dio Caputo
El ministro de Economía, Luis Caputo, se anunció que las pymes podrán aplicar el 100% de determinados saldos a favor por reintegros de exportación o IVA exportador a la cancelación de obligaciones aduaneras. Para las grandes empresas se prevé una aplicación gradual.
Caputo también presentó créditos del Banco Nación para comprar vehículos nacionales, con plazos de tres, cuatro y cinco años y una tasa fija cercana al 20% anual. En materia provincial, propuso eliminar el impuesto a los Sellos mediante un esquema en el que la Nación compensaría la mitad de la recaudación y las jurisdicciones adheridas absorberían el resto.
Las herramientas ofrecen alternativas para ordenar obligaciones pendientes. Los tres contadores, con diferencias sobre su cobertura, coincidieron en señalar que la capacidad de aprovecharlas depende de una dificultad contar con ingresos suficientes para pagar.
