Tras varios intentos fallidos y un cuarto intermedio obligado en la Cámara de Senadores, el Gobierno aceptó realizar modificaciones sustanciales al proyecto legislativo denominado de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», el cual busca reformar de manera estructural el régimen de tierras rurales regulado por la Ley 26.737 de 2011. La decisión responde a la necesidad de construir consensos con bloques aliados y legisladores de provincias fronterizas o con alta concentración de recursos naturales, cuyos votos resultan indispensables para alcanzar el quorum y la aprobación del texto en el recinto.
El proyecto original, impulsado por el Gobierrno y respaldado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, proponía la derogación de los topes nacionales que limitan al 15% la posesión de tierras rurales en manos de titulares extranjeros, así como la restricción de 1.000 hectáreas en zonas agrícolas de núcleo o la proximidad a cuerpos de agua permanentes. No obstante, las negociaciones conducidas por representantes de la bancada oficialista e integrantes del Gabinete nacional permitieron destrabar el estancamiento parlamentario mediante la cesión de facultades regulatorias a los gobernadores.
Entre los retoques principales introducidos durante el proceso de concertación, se acordó transferir a los gobernadores la potestad discrecional de autorizar, normar o prohibir la adquisición de inmuebles rurales por parte de personas físicas o jurídicas foráneas en sus respectivas jurisdicciones. Asimismo, se eliminó del borrador la figura del «silencio administrativo positivo» —mecanismo por el cual se daba por aprobada una transacción ante la falta de respuesta estatal en plazos fijados— y se mantuvieron exigencias estrictas de doble validación (provincial y nacional) para la venta de terrenos en zonas de seguridad de frontera, además de sostener la veda absoluta para la compra directa por parte de Estados extranjeros o fondos soberanos.
Este viraje táctico busca armonizar las libertades de mercado pretendidas por la Casa Rosada con los reclamos de soberanía, protección de cuencas hídricas y biodiversidad planteados por gobernadores de diversas regiones del país, como Misiones y provincias andinas. De no mediar nuevos imprevistos en la formulación del articulado definitivo, el Senado prevé tratar la iniciativa junto a otros proyectos de índole económica en el reinicio de las sesiones tras el receso invernal.
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