El panorama se completa con despidos de trabajadores nacionales, sueldos congelados y caída del empleo.
La Nación no ejecuta los fondos para las rutas y la situación es crítica para Formosa, que entre 2023 y 2025 sufrió una reducción del 77% del presupuesto destinado a mantener y concretar obras viales. Ante ello, el Gobierno de Formosa atiende la emergencia con fondos propios.
La Dirección de Vialidad Nacional sigue sin ejecutar el presupuesto destinado a las rutas, una política que afecta a Formosa con una reducción del 77% en la ejecución de los fondos para los caminos nacionales, según el informe “Análisis del Financiamiento Vial en Argentina”.
Frente a ello, Formosa con recursos propios afronta la emergencia que provoca esta paralización. A nivel nacional, el presupuesto de Vialidad Nacional destinado a las provincias para obras viales cayó un 79%, siendo el nivel más bajo en 30 años, sumado a ello los fondos para el mantenimiento de rutas cayeron en un 70% desde diciembre de 2023 a la actualidad.
Al respecto, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Javier Caffa, señaló que el fondo fiduciario Sisvial se forma a partir de cada compra de combustible, cuyo destino fijo es el mantenimiento de rutas y obras viales.
“Hay 1,1 billones de pesos retenidos por el Ministerio de Economía de la Nación, que no ha invertido en este propósito específico. Se debe aclarar que no son fondos de libre disponibilidad”, apuntó.
Esto no significa que el fondo disponible se redujo, todo lo contrario, lo que ocurrió fue que no se utilizó: de $1,5 billones recaudados por el Impuesto al Combustible, solo $394.406 millones se destinaron a obras, es decir, apenas el 26,2% ejecutado. El 73,8% restante fue retenido por la administración nacional. Los fondos existen, pero su ejecución es prácticamente nula.
Ante esta situación, resulta fundamental preguntarse qué uso se les da a estos recursos, cuyo destino está establecido por ley. Según las denuncias, parte de los fondos podría haberse destinado a la adquisición de instrumentos financieros.
Más allá de algunas reparaciones “cosméticas” el Puente Blanco de la Ruta Nacional Nº 11 continúa en un estado deplorable.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo de Formosa, denunció ante la Justicia Federal la posible colocación de fondos en plazos fijos y en instrumentos como LECAP, LECER y BONCAP. El interrogante central es qué ocurrió con los recursos que debían traducirse en obras viales y si fueron destinados a otros fines.
Hay una certeza: las consecuencias se observan en el estado de los caminos nacionales. Un tramo de la Ruta Nacional N°86, entre Zalazar y Guadalcázar, llegó a quedar cerrado por el avance de la maleza. Ante esa situación, la DPV se encargó del mantenimiento para garantizar la circulación.
Caffa detalló que “estos kilómetros de rutas nacionales y provinciales se estaban pavimentando y fueron abandonados. Entre las obras paralizadas se encuentran distintos tramos de la Ruta Nacional N° 11 y trabajos en las rutas provinciales 23, 6 y 8. Hay obras que ya superan el 80% de avance y están paralizadas. Muchos de los contratos, sobre todo los correspondientes a rutas provinciales, se tuvieron que rescindir”.
“En estos casos se hace cargo la provincia, porque hay miles de comprovincianos que tienen que acceder a la salud, a la educación y salir de sus localidades. Entonces, la provincia con fondos propios, a través de Vialidad Provincial, hace el mantenimiento que tendría que hacer la Nación. Son máquinas, personal, recursos que en vez de estar interviniendo en tramos provinciales lo tenemos que hacer en caminos nacionales”, indicó.
Desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 hubo 1.466 despidos y se congelaron los sueldos de 2.900 trabajadores.
En ese sentido, recordó que continúa sin avances significativos la autovía comprendida entre el Puente Blanco y la intersección de las rutas nacionales 11 y 81.
El proyecto permanece prácticamente en las mismas condiciones en las que se encontraba cuando asumió el actual Gobierno nacional, pese a su importancia para la conectividad y la circulación provincial, nacional e internacional.
“No solo hay un impacto negativo en la infraestructura, también lo hay en las vidas humanas, porque ocurren cada vez más accidentes que son directamente atribuibles al estado de las calzadas de las rutas nacionales. Antes el mantenimiento se hacía a través del sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento (CREMA), pero eso se dejó de utilizar y genera estas consecuencias”, contó Caffa.
La cara más amarga, sin embargo, es la humana. Entre diciembre de 2023 hasta abril de 2026 1.466 quedaron sin trabajo y tienen congelado el salario 2.900 empleados en todo el país y 785 puestos de agentes en las provincias están en riesgo, según los gremios.
Asimismo, la paralización de las obras viales se tradujo en el despido de obreros dedicados a estas tareas. La reducción de estos recursos condiciona la conservación de los caminos, la ejecución de obras y la posibilidad de responder a situaciones de emergencia.
La Ruta 86, entre Salazar y Guadalcázar, llegó a quedar prácticamente cerrada por el deterioro y el abandono.
El Presupuesto 2027 consolida el ajuste sobre Formosa
Las perspectivas para el próximo año siguen mostrando un futuro terrible en cuanto a la inversión vial. El proyecto de Presupuesto Nacional para 2027 consolida el ajuste sobre la infraestructura y mantiene las dificultades para avanzar con proyectos estratégicos en Formosa.
La planilla presupuestaria contempla solo $12.197 millones en proyectos para la provincia, apenas el 0,93% del total nacional previsto en este apartado.
La diferencia expone la distancia entre las necesidades de infraestructura y los recursos que el Gobierno nacional proyecta destinar a la provincia.
Mientras el Gobierno de Javier Milei prioriza el equilibrio fiscal y reduce la inversión pública, las provincias deben asumir mayores responsabilidades para sostener la conectividad, la seguridad vial y el desarrollo productivo.
En Formosa, el ajuste nacional se traduce en rutas deterioradas, obras paralizadas y recursos provinciales destinados a cubrir emergencias. La discusión de fondo sigue abierta: si Nación recauda impuestos para financiar infraestructura vial, ¿por qué esos recursos no llegan a las rutas y qué destino tienen los fondos que no se ejecutan?
