La denuncia que instaló el caso dejó paso a una discusión más profunda: qué representa realmente la 7160 dentro del sistema educativo salteño, cómo se asignaron los cargos que aparecen vinculados a esa unidad y dónde trabajan actualmente quienes figuran en sus registros. El Ministerio sostiene que se trata de personal efectivamente activo y reubicado en distintas dependencias. La denunciante pide que se determine quiénes fueron designados, bajo qué normas y qué función cumplieron.
La denuncia de la docente cesanteada Celia Alankay ya está en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos de Capital y, más allá de las acusaciones iniciales, el punto central dejó de ser solamente si existe o no un edificio con ese nombre.
La pregunta que ahora deberá responder la investigación es bastante más amplia: qué estructura administrativa existe detrás de la 7160, cómo se fueron acumulando cargos bajo esa denominación y qué destino tuvieron las personas que aparecen vinculadas a ella.
Una nómina
Alankay sostiene que recibió documentación con una nómina superior a 300 personas y que, al intentar verificar el funcionamiento de la institución, no encontró edificio escolar, alumnos ni registros que permitieran acreditar una actividad educativa convencional. También cuestionó que en esa documentación aparezcan docentes vinculados con la Asociación Docente Provincial (ADP), familiares, personal administrativo y otros casos que considera llamativos.
Su abogado, Nicolás Vedia, planteó que la Justicia deberá determinar cómo fueron realizadas esas designaciones, qué tareas cumplieron las personas incluidas en los listados y cuál fue el destino de los recursos públicos asociados a esos cargos.
La denuncia que desató la polémica sostiene que la unidad 7160 no tiene edificio, alumnos ni actividad escolar. Alankay contó que recibió documentación sobre la institución y decidió investigar su contenido. «Me envían documentación diciendo: ‘Mirá Celia, a ustedes los cesantean injustamente y acá tienen una escuela donde hay más de 300 cargos y entre esos cargos hay personas que no son docentes y funcionarios que cobran sobresueldo'», relató.
«No hay ninguna escuela 7160 y hemos notado en otros lugares que no hay un edificio. Verificamos que no hay alumnos, tampoco hay informes psicopedagógicos, no hay SINIDE».
Según la documentación que presentó, la Escuela 7160 figura con domicilio en Castañares, donde funciona la Comisaría del Menor. La docente aseguró que allí no existe un establecimiento educativo. «No hay ninguna escuela 7160 y hemos notado en otros lugares que han corroborado que no es así y que no hay un edificio», sostuvo.
Alankay afirmó además que no encontró alumnos ni documentación que permita acreditar el funcionamiento de la institución. «No hay alumnos, no hay informes psicopedagógicos, no hay SINIDE», señaló.
La docente aseguró que entre las más de 300 personas que figuran en la documentación aparecen integrantes de la ADP, familiares y personal administrativo.
«Nos encontramos con personas que pertenecen al gremio, son docentes que cumplen funciones en la ADP, no en el Ministerio de Educación, y figuran hijos de estas personas también dentro de la lista», afirmó.
También mencionó el caso de un liquidador de sueldos que, según la documentación, tendría doble sueldo y el nombramiento de un joven de 18 años.
La denuncia plantea posibles delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y defraudación al Estado. Se trata de los hechos y figuras planteados por los denunciantes y que ahora deberán ser investigados por la Justicia.
Vedia afirmó que también deberán determinarse los mecanismos utilizados para las designaciones y si las personas fueron efectivamente «reubicadas», como señala el Ministerio de Educación.
Alankay había presentado inicialmente la denuncia en Cerrillos. Según explicó, el expediente pasó luego a la Fiscalía de Delitos Económicos de Capital.
Al concurrir a esa dependencia, dijo que advirtió que las pruebas que había presentado al comienzo no estaban incorporadas al expediente. Su abogado señaló que ahora la Fiscalía deberá convocar a testigos y analizar la documentación. También anticipó que ampliarán la prueba.
«La Fiscalía va a dar inicio a la investigación pertinente, no solamente con la prueba documental, sino también testimonios que se van a aportar y posteriormente vamos a ampliar la prueba», afirmó Vedia.
Para Alankay, el caso también expone la situación de los docentes cesanteados. «Estamos tratando de llevar a la familia como sea y darnos con esto es sentirnos cada vez más vulnerados», expresó.
La docente reclamó que se investigue la documentación y que se determine la verdad sobre el funcionamiento de la institución y las designaciones cuestionadas.
