Tras meses de desobediencia de la gestión libertaria, el máximo Tribunal del país falló a favor del CIN y dejó firme la cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la cautelar que le ordena al Gobierno nacional cumplir, sin más dilaciones, con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, distintos sectores reclamaron la “aplicación inmediata” de la norma.
De esta manera, exigen que el Ejecutivo Nacional ponga en vigencia los mencionados artículos que establecen la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las Universidades Nacionales y la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Cabe recordar que la Ley 27.795 se sancionó en el Congreso en agosto de 2025 y posteriormente se ratificó con mayoría de dos tercios tras el veto presidencial. Sin embargo, la gestión libertaria condicionó la aplicación de esos artículos, lo que derivó en una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Al respecto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), Milcíades Olmedo, indicó que tras el fallo del máximo Tribunal del país “estamos esperando la aplicación formal de la ley”.
Aseveró que ello “debe ser inmediato”, ya que la norma, en sus artículos 5 y 6, establece “la actualización del salario a partir del 1° de diciembre del 2023 hasta la actualidad, así como de las becas Manuel Belgrano y Progresar”.
En este contexto, resaltó que la resolución de la CSJN “nos da la razón en esta lucha que venimos llevando adelante junto a la ciudadanía para defender lo que tanto costó en la Argentina, que es seguir teniendo la Universidad pública, gratuita y de calidad”.
