El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha implementado una congelación inmediata en la aprobación de nuevos centros de datos en el estado, en respuesta a preocupaciones sobre el consumo eléctrico y de agua. Esta medida busca abordar el creciente rechazo social y el riesgo de colapso en la red eléctrica estatal.
La directiva ordena a la Comisión de Servicios Públicos de Texas (PUCT) y al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT) detener el avance de la lista de espera de interconexión, hasta que cada proyecto pendiente sea evaluado a fondo por su impacto ambiental y financiero. Esta acción representa la restricción más severa impuesta por la administración texana al desarrollo de infraestructuras que apoyan la inteligencia artificial.
Cualquier desarrollador que no cumpla con los criterios de consumo de agua, demanda energética y transparencia corporativa verá su solicitud de conexión al sistema eléctrico rechazada. La saturación crítica de la lista de espera de interconexión, que según datos oficiales incluye más de 1,800 proyectos pendientes, ha llevado a esta drástica medida, dado que la demanda potencial supera los 474 gigavatios eléctricos, cifra que quintuplica el récord histórico de consumo en Texas.
Las autoridades han indicado que cerca del 90 % de las nuevas solicitudes están destinadas a centros de datos. Con 335 complejos operativos y otros 248 en proyecto, Texas se había posicionado como el segundo mercado más grande de Estados Unidos en este sector. Sin embargo, el descontrol en las solicitudes ha llevado a la suspensión de estudios de planificación, evitando así incrementos en las tarifas residenciales.
Para que los desarrolladores puedan avanzar en el trámite de interconexión, deberán proporcionar información detallada que, hasta ahora, se mantenía en secreto. La auditoría evaluará aspectos como las exenciones fiscales solicitadas, las estimaciones anuales de consumo eléctrico y la capacidad de las plantas para generar su propia energía mediante gas natural.
Un control clave será la sostenibilidad hídrica: las empresas tendrán que detallar el volumen de agua necesario para sus sistemas de refrigeración y las fuentes de suministro. Además, el estado revisará la identidad de los propietarios de las instalaciones y exigirá planes para mitigar el impacto ambiental en las comunidades vecinas, incluyendo aspectos como el control de la contaminación acústica y la iluminación nocturna.
La falta de transparencia por parte de las corporaciones tecnológicas ha sido un factor determinante en esta decisión. A pesar de que meses atrás se envió una encuesta a 377 empresas del sector para recopilar información, solo 28 respondieron, lo que evidenció la escasez de datos disponibles para los reguladores y ciudadanos.
Esta situación ha generado protestas locales, con condados como Hill y municipios como San Marcos intentando establecer moratorias ante la presión vecinal por el ruido y el riesgo de desabastecimiento hídrico. Desde el sector corporativo, la Coalición de Centros de Datos ha expresado confianza en que la revisión permita identificar a los desarrolladores responsables, aunque también han solicitado a los reguladores que aceleren los procesos para no frenar las inversiones.
La decisión del gobernador ha sido criticada por sectores opositores, quienes consideran que es una acción cosmética para evitar la convocatoria a una sesión legislativa especial que establezca regulaciones estrictas. Argumentan que la suspensión no detiene proyectos que se basan en sistemas de autogeneración eléctrica privada, lo que pone de manifiesto la necesidad de un marco regulatorio permanente.
Fuente: Pdn
