Una reciente auditoría interna de la Dirección de Comedores Escolares ha revelado irregularidades por más de $100 millones en el manejo de fondos destinados a la alimentación de estudiantes en 37 instituciones educativas de Concordia.
La investigación, que abarcó los meses de marzo y abril de 2025, documentó una diferencia de $103.738.136 en los registros financieros. Esta discrepancia fue formalizada a través de la Resolución Nº 267 del Ministerio de Desarrollo Humano, que ordenó iniciar una Información Sumaria para determinar posibles responsabilidades civiles y administrativas.
Las actuaciones han sido elevadas a la Justicia y se tramitan ante la Unidad Fiscal de Concordia, bajo el Legajo Nº 7046/25, en el marco de una causa por peculado. La fiscal Daniela Montangie lidera la investigación, que incluye una solicitud de información detallada sobre el personal administrativo involucrado en la Coordinación de Comedores de Concordia.
Los auditores comenzaron su análisis comparando la cantidad real de estudiantes que recibían el servicio alimentario con las nóminas utilizadas para calcular las asignaciones presupuestarias. Este proceso reveló incrementos injustificados en el número de beneficiarios y discrepancias entre los fondos asignados y las necesidades reales de los establecimientos.
Conforme avanzó la auditoría, se identificaron nuevas inconsistencias, como la facturación de aproximadamente $100 millones en mercadería que no fue entregada. Además, se detectaron irregularidades en la documentación respaldatoria, donde informes de cuadernos de menú fueron presentados de manera inconsistente, alegando destrucción por roedores, pero luego apareciendo nuevos documentos.
Al extender el análisis a los meses de marzo, abril, mayo y parte de junio, el informe final estimó que las inconsistencias y sobrantes ascendieron a $146.223.311. Estos hallazgos evidencian la falta de control en un sistema que operaba con recursos y compras descentralizadas.
En respuesta a estas falencias, la Provincia ha decidido implementar un esquema de compras centralizadas, que incluirá licitaciones públicas y controles nutricionales, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de los alimentos adquiridos y asegurar que los recursos destinados a la alimentación escolar lleguen efectivamente a los estudiantes.
Fuente: NA
