Javier Cerúsico: «La clausura de los depósitos aduaneros fue desmedida»

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«Tiempo atrás cayó un rayo y quemó un módulo de almacenaje de información de las cámaras de Cozofra. Ese inconveniente técnico fue debidamente informado y subsanado, pero meses atrás vino gente de la Aduana de Buenos Aires a hacer las verificaciones, objetó los cambios y suspendió al establecimiento de General Güemes. Bajo criterios similares, todavía no tenemos bien en claro por qué, también clausuraron a Cosel en Salta», señaló el presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Javier Cerúsico, quién no dudó en calificar de «llamativas y contradictorias» a esas decisiones que generaron serias complicaciones y millonarios sobrecostos a empresas vinculadas con la minería, la industria y el comercio regional.

Cerúsico remarcó que el cierre simultáneo de los dos únicos depósitos aduaneros con que cuenta la provincia se dispuso por «cuestiones meramente técnicas» y decisiones tomadas desde despachos de Buenos Aires en los que «no se tiene en cuenta» la realidad del interior del país. El miembro de la Mesa Empresaria de Salta recalcó que cerrar a la vez los únicos dos depósitos fiscales de la zona muestra desconocimiento frente a lo que implica derivar trámites y operaciones a otras aduanas, como la de Palpalá en Jujuy, y desinterés ante las serías complicaciones y onerosos sobrecostos que afectan a las exportaciones e importaciones en la región.

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En diálogo con Radio Salta, Cerúsico coincidió con otras voces que perciben que los funcionarios enviados desde Buenos Aires «venían con una bajada de línea directamente a clausurar». Recordó que el cierre de los dos depósitos fiscales aduaneros de la provincia fue coincidente con resoluciones de ARCA y Aduanas que impactaron sobre el Tráfico Vecinal Fronterizo (TVF). «En vez de tratar de agilizar y de dar herramientas válidas, restringieron el comercio vecinal desde Argentina hacia Bolivia. Debe haber controles, pero también una agilización real del comercio fronterizo. Sin embargo, se lo trabó, y por eso salimos las cámaras empresarias y también salió el gobierno provincial a gestionar el levantamientos de esas resoluciones», recalcó Cerúsico.

«Si uno se pone a pensar y a hilar fino, nota cierta animosidad en las llamativas y contradictorias medidas que se dispusieron contra Cozofra y Cosel, porque eran cuestiones técnicas salvables, estaba toda la buena voluntad por parte de los depósitos fiscales y, de hecho, ya se habían solucionado», planteó.

Recordó que en el caso de Cozofra, las tramitaciones administrativas para que levantaran la suspensión llevó una semana. En el caso de Cosel los pasos burocráticos llevaron mucho más tiempo. «El impacto ha sido significativo, porque se frenaron operaciones. Muchos optaron por esperar a que se resuelva el problema para poder ingresar cargas, pero hubo otras que ya estaban en camino. Las derivaciones implicaron trámites y tiempo, y ese tiempo es costoso», acotó Cerúsico, haciendo notar que Salta tiene fronteras con tres países (Chile, Bolivia y paraguay) y con seis provincias del NOA y NEA. Aún no tienen cifras aproximadas del impacto económico que acarreó el cierre de los dos depósitos aduaneros de la provincia, pero se los estima en millones de dólares.

La clausura de los dos únicos depósitos fiscales aduaneros de Salta provocó importantes perjuicios económicos a empresas vinculadas con la minería, la industria y las economías regionales. La interrupción de las operaciones durante varias semanas obligó a trasladar los trámites de importación y exportación a Jujuy, con mayores costos logísticos, demoras y dificultades para el comercio exterior provincial.

La medida perjudicó particularmente a las actividades que dependen del movimiento internacional de mercaderías. En el caso de la minería, complicó los procedimientos para importar maquinaria, equipos e insumos. En la industria, generó dificultades para el abastecimiento y el despacho de productos, mientras que las economías regionales enfrentaron mayores exigencias para concretar sus operaciones comerciales.

Las consecuencias también alcanzaron al transporte de cargas, servicios logísticos y operadores aduaneros, que debieron reorganizar sus actividades para trabajar con instalaciones ubicadas en Palpalá (Jujuy). Las pérdidas incluyen operaciones demoradas o interrumpidas y gastos adicionales de transporte, almacenamiento y gestión aduanera.

Pedido de informes en el Congreso

Las afectaciones sobre la producción, la industria y el comercio exterior motivaron la presentación de un proyecto de resolución del diputado nacional Pablo Outes. La iniciativa solicita al Ejecutivo nacional explicaciones sobre las decisiones adoptadas por ARCA y la Dirección General de Aduanas.

El pedido de informes busca conocer los fundamentos técnicos y administrativos de las clausuras de Cosofra en Güemes y Cosel en la ciudad de Salta.

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