La confrontación interna que sacude los cimientos del gobierno nacional ha alcanzado su punto de máxima exposición pública. En una declaración que sepulta cualquier intento de mediación o diplomacia interna, el presidente Javier Milei defendió de forma abierta la orden del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, cuya postulación venía siendo impulsada y sostenida en la Cámara alta por la vicepresidenta Victoria Villarruel y por la senadora Patricia Bullrich.
Rompiendo un hermetismo que alimentaba todo tipo de especulaciones políticas en los pasillos del Congreso, el jefe de Estado argumentó de manera tajante que la decisión no responde a un capricho personal ni a una persecución política, sino a una estricta aplicación de criterios de transparencia institucional, señalando que los vínculos de parentesco de la magistrada con sectores del periodismo de investigación crítico de la gestión oficial representan una incompatibilidad ética insalvable para el ejercicio de un cargo de tamaña relevancia en el fuero federal.
Este posicionamiento público del mandatario opera como una respuesta directa y fulminante al desafío planteado horas antes por la titular del Senado, quien se había mostrado dispuesta a avanzar con el tratamiento de la postulación en el recinto parlamentario bajo el amparo de los reglamentos legislativos. Al tomar las riendas de la narrativa oficial, el líder del Ejecutivo no solo ratificó la línea dura que promueve su hermana y secretaria general, Karina Milei, sino que envió un mensaje inequívoco hacia el interior de La Libertad Avanza respecto de dónde reside la conducción unificada del espacio.
Con un tono de marcada firmeza, el Presidente advirtió que la política judicial de la Nación es una prerrogativa exclusiva de la Casa Rosada y que ningún funcionario, sin importar su jerarquía o su rol institucional en el Poder Legislativo, posee atribuciones para negociar agendas de forma autónoma con la oposición o consolidar acuerdos corporativos que contradigan el mandato de cambio votado por la ciudadanía.
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