Pese a que la Copa Mundial de Fútbol está en plena competencia, la Cámara de Diputados no se toma respiro y este miércoles celebrará cuatro plenarios de comisión para impulsar la agenda del Gobierno en el Congreso.
Los cuatro temas que serán tratados en el anexo de la Cámara baja, por orden cronológico, son el proyecto para avalar un plan de pago de deuda remanente a dos fondos buitre, el Súper Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Súper RIGI) para industrias de frontera tecnológica, la ley de «lobby» o de gestión de intereses, y la Ley de Inocencia Fiscal.
Algunos de estos temas, especialmente el pago a fondos buitre y el Súper RIGI, que obtendrían dictamen este mismo miércoles, podrían desembocar en el recinto en la sesión que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, imagina para el próximo 24 de junio, aunque la fecha es a confirmar.
La hiperactividad en Diputados busca de alguna manera mostrar iniciativa política de parte del oficialismo y correr del foco, aunque sea parcialmente, los escándalos patrimoniales vinculados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que tienen sus coletazos en el Congreso y le generan un daño al Gobierno.
De todos modos, el Senado se prepara con inusitada expectativa para una reunión de Labor Parlamentaria que se llevará a cabo este mismo miércoles con el objetivo de delinear el temario de la próxima sesión, a riesgo de que la oposición logre colar en la agenda un proyecto de resolución que gira en torno a las desventuras del ministro coordinador.
Y en la Cámara de Diputados la oposición pidió una sesión para el 23 de junio con un temario que abarca desde informes básicos, pasando por la interpelación y hasta la moción de censura contra Adorni, el mecanismo previsto por la Constitución para destituirlo.
Si bien en un comienzo se especulaba con que el quórum era una meta inalcanzable, la indignación que genera la continuidad del jefe de Gabinete en el Gobierno en socios habituales como el PRO y la UCR podría facilitarle las cosas a la oposición.
Acuerdo con fondos buitre
Al mediodía, la Cámara baja abrirá el telón con un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Justicia, al cabo del cual el oficialismo tiene previsto pasar a la firma de los dictámenes.
Fueron invitados a defender la iniciativa el Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio y el Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija.
El proyecto para la aprobación de un plan de pago a dos «fondos buitre» por 171 millones de dólares, con quienes el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica, recibió media sanción el jueves pasado con 40 votos positivos y 22 negativos.
Ahora sigue su curso en la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse antes del 30 de junio, que es el deadline fijado en el entendimiento.
De esta manera, el Gobierno busca cerrar definitivamente el capítulo del default de la deuda del 2001, que fue reestructurada en varios canjes, y solo quedaron dos últimos holdouts con reclamos activos por una porción mínima del total.
Producto del acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma «Bainbridge Ltd.» y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por «Attestor Value Master Fund LP.», lo que hace a un total de 171 millones de pesos.
Súper RIGI
El debate se inició el 3 junio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología, donde expusieron altos funcionarios del Ministerio de Economía y continuó el miércoles pasado con la presentación de cámaras empresarias.
Este miércoles se reanudará el debate a las 15 hs con la intención del oficialismo de dictaminar a la finalización del mismo.
La iniciativa otorga cuantiosos beneficios fiscales y se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.
Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.
A estas industrias de «frontera» tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.
A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI «tiene un plazo más largo de 5 y 1» (cinco años y uno extra de prórroga).
Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI y excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura.
Además, no pueden aplicar al Súper RIGI proyectos existentes ampliables como sí en el RIGI.
En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.
Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.
Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.
En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.
Ley de lobby
A diferencia del acuerdo con los fondos buitre y la ley de Súper RiGI, el proyecto de ley de lobby, que será retomado este miércoles a las 17 hs, no enfrenta un panorama tan despejado y podría demorarse su desenlace.
El miércoles pasado en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, representantes de organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y cámaras empresarias expresaron reparos respecto de los alcances que tendría la ley de lobby en el caso de que se mantuviese la redacción tal cual llegó del Poder Ejecutivo.
Con la iniciativa para regular el «lobby«, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del P6oder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Sin embargo, un variopinto arco de organizaciones advirtió que hay problemas de delimitación en las definiciones conceptuales sobre la gestión de intereses y beneficiarios finales, con una redacción tan amplia que no distingue entre el lobby corporativo con simples requerimientos ciudadanos como pedidos de audiencias públicas o de acceso a la información.
La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.
Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.
Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas
Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.
Fuente: NA
