Por Williams Dardo Caraballo
Ante el inminente inicio de un año electoral nuevamente la oposición política de nuestra provincia se encuentra en un laberinto sin salida.
La coalición antiperonista formoseña, que se presenta electoralmente como Frente Amplio, tiene como plataforma y propuesta un programa que se basa en la proscripción, en la negación de la realidad y en el ataque sistemático a las instituciones y a las personas que ocupan roles institucionales por voluntad soberana o por designación conforme los mecanismos constitucionales.
El Peronismo en su ADN histórico jamás participó de golpes de estado que interrumpieron el orden constitucional ni juramos sobre Bandos Militares que por la fuerza se colocaban por encima de la Constitución Nacional.
Con orgullo podemos exhibir una trayectoria basada en la Justicia Social y reivindicamos la importancia del Estado para el logro de dicha finalidad ya que desde la Constitución Justicialista de 1949 ella un imperativo para los gobiernos de signo nacional y popular.
Sin embargo, no todos los partidos políticos nacidos en el siglo pasado pueden exhibir dicha coherencia y compromiso institucional. La UCR de Formosa, conocida entonces como el “partido de los doctores” aportó apellidos que siguen vigentes durante el terrorismo de estado.
A nivel nacional aterrizaron en gobernaciones, embajadas y más de 300 intendencias municipales. Era común reconocer a un radical por los nudillos enrojecidos de tanto golpear las puertas de los cuarteles y Formosa no fue la excepción. Llenaron los ministerios y subsecretarias del Genocida Colombo y coparon el poder judicial, desde la cúpula hasta los juzgados de paz.
A 50 años de aquella tragedia jueces del máximo tribunal provincial fueron condenados por encubrimiento de delitos de lesa humanidad.
Encubrieron desapariciones de personas, secuestros y tortura de jueces y empleados, despidos y persecuciones que pretendieron tapar con actas secretas por la vergüenza de convalidar las peores aberraciones humanas.
Se sometieron a la “justicia del Capitán Gandina”, aquel hombre fuerte del ejército que manejó a su antojo el poder judicial y el banco provincial. Los portadores de apellido de la noche más oscura de la Patria no tienen autoridad moral para descalificar designaciones conforme la norma constitucional o legisladores que ingresan por la voluntad soberana del Pueblo Formoseño.
Los diputados Montoya, Villaggi y Amarilla conocen de cerca la complicidad radical y saben que cuando se escupe para arriba siempre les termina cayendo en la cara (rota) de sus discursos cargados de odio y de agravios a personas de bien que sólo cometen el pecado de ganarles todas las elecciones desde 1983 y hasta la del año que viene, que les genera “cuiqui” desde la última reforma constitucional.
La oposición en su laberinto
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