La ciudad de La Quiaca atraviesa horas de creciente preocupación tras la entrada en vigencia de nuevas disposiciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que modifican las condiciones del régimen de tráfico vecinal fronterizo entre Argentina y Bolivia.
Ante este escenario, comerciantes y trabajadores de distintos sectores anunciaron una movilización pacífica para el próximo jueves 22 de octubre. La concentración está prevista para las 10.30 horas y culminará con una marcha hacia las oficinas de Aduana y el puente internacional que conecta La Quiaca con Villazón.
El reclamo surge a partir de la Resolución General 5910/2026, que establece un límite de hasta 150 dólares diarios por poblador para las mercaderías que egresan bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo. Además, la normativa excluye de este mecanismo determinados productos, entre ellos granos de trigo, soja y maíz en cualquiera de sus formas, combustibles transportados en recipientes y mercaderías comercializadas en envases iguales o superiores a los 10 kilogramos.
Desde el sector comercial consideran que estas restricciones afectan directamente la dinámica económica característica de la frontera norte, donde el intercambio cotidiano constituye una de las principales actividades generadoras de empleo e ingresos.
«La actividad principal de La Quiaca es el comercio»
El presidente de la Cámara de Comercio de La Quiaca, Walter Cárdenas, expresó su preocupación por las consecuencias que podría generar la aplicación de la medida y advirtió que el impacto alcanzaría mucho más allá de los comerciantes.
Según indicó, la actividad involucra a una amplia cadena laboral integrada por carreteros, estibadores, taxifleteros, pasadores, vendedores ambulantes, empleados de comercios, transportistas y prestadores de servicios vinculados al movimiento fronterizo.
«En forma directa o indirecta estamos hablando de entre 3.500 y 4.000 familias que dependen de este trabajo», señaló el dirigente, al dimensionar la relevancia económica que tiene el intercambio comercial para la ciudad.
Asimismo, sostuvo que la preocupación también alcanza a propietarios de locales y depósitos, además de emprendedores gastronómicos y vendedores que desarrollan su actividad alrededor del flujo diario de personas y mercaderías.
Una problemática que excede a La Quiaca
La inquietud generada por la normativa no se limita a la ciudad jujeña. El debate también involucra a otras localidades fronterizas del norte argentino, como Aguas Blancas y Salvador Mazza, cuyos intercambios con las ciudades bolivianas de Bermejo y Yacuiba conforman parte fundamental de sus economías regionales.
Dirigentes y representantes de esos sectores ya iniciaron gestiones para solicitar la revisión de las medidas, argumentando que las restricciones podrían alterar significativamente el circuito comercial binacional que históricamente caracteriza a las poblaciones de frontera.
En el caso de La Quiaca y Villazón, comerciantes advierten que cualquier reducción del movimiento comercial podría repercutir tanto en la actividad económica argentina como boliviana, afectando a trabajadores y pequeños emprendimientos que dependen de ese intercambio cotidiano.
El argumento oficial y el reclamo del sector
Desde ARCA sostienen que la medida busca fortalecer los mecanismos de control aduanero, evitar el fraccionamiento de operaciones comerciales y prevenir desvíos hacia circuitos no autorizados.
El organismo también recuerda que el régimen de tráfico vecinal fronterizo fue concebido para atender necesidades personales y familiares de los habitantes de frontera, y no para actividades con fines comerciales o industriales.
Sin embargo, los representantes del sector comercial sostienen que la realidad económica de las ciudades fronterizas presenta características particulares y que cualquier modificación en la circulación de mercaderías tiene consecuencias directas sobre el empleo y los ingresos de miles de familias.
Por esa razón, la Cámara de Comercio de La Quiaca confirmó que solicitó audiencias con autoridades provinciales y nacionales, incluyendo representantes de Aduana y ARCA, con el objetivo de exponer la situación y buscar alternativas que contemplen las necesidades de la región.
Una marcha con fuerte mensaje social
Los organizadores remarcaron que la movilización tendrá carácter pacífico y buscará visibilizar una preocupación que consideran urgente.
Más allá de la discusión técnica sobre normas aduaneras y controles fronterizos, el reclamo pone en el centro una cuestión social: el sustento diario de miles de trabajadores que encuentran en la actividad comercial fronteriza una fuente de empleo y desarrollo económico.
Para buena parte de La Quiaca, sostienen los referentes del sector, el debate no es únicamente administrativo o aduanero. Se trata de una discusión sobre el futuro de una economía regional cuya dinámica histórica ha estado ligada, durante décadas, al intercambio permanente entre ambos lados de la frontera.
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