I. INTRODUCCIÓN: EL MUNICIPIO EN LA ERA DEL ESCRUTINIO JUDICIAL INTENSIFICADO
Este año presenciamos una inédita situación de conflicto en la Argentina, entre el Estado Federal y los Municipios, particularmente vinculada a la presión del primero, sobre los segundos, para que no se perciban o disminuyan imposiciones tributarias locales.
La tendencia natural, es pensar que este fenómeno se da sólo en nuestro País, enmarcado más en conflictos referidos a la visión del Gobierno Nacional sobre política fiscal y diferencias entre los partidos políticos que conducen los destinos comunales respecto de su concepción sobre el rol estatal. En ese marco entendemos que revisar lo que acontece en el Derecho Municipal de los Estados Unidos, permite ampliar el criterio y señalar que resulta una dinámica más extendida que marca una época. Veremos que a la par que se fortalecen las potestades locales para establecer controles sobre el orden público y consecuente la población; se limitan las correspondientes a la recaudación fiscal.
No es fútil, ni mínimo a los efectos prácticos, revisar que pasa en aquel país, no solo porque desde sus mismos orígenes, como señalaba Alexis de Tocqueville (1) la verdadera democracia residía en los gobiernos locales, sino porque también su evolución e importancia fue seguida entre otros grandes juristas argentinos, por el mismo Alberdi (2).
Una primera impresión de lo que está ocurriendo allí, es que la arquitectura del federalismo estadounidense experimenta una transformación sísmica bajo la actual composición de la Corte Suprema de los Estados Unidos (SCOTUS).
Históricamente las municipalidades -ciudades, condados y parroquias- han operado bajo la deferencia otorgada por los Estados al ejercicio de los poderes de policía locales y a la presunción de validez de sus actos administrativos. Sin embargo, las sentencias judiciales de 2023, 2024 – a las que ya nos hemos referido en anterior artículo en esta editorial (3) y 2025 revelan una tendencia jurisprudencial hacia un escrutinio constitucional intensificado.En este breve artículo diseccionamos las últimas decisiones que redefinen el alcance de la autoridad local en ámbitos tan dispares como la gestión del espacio público, la regulación del uso del suelo, la libertad de expresión en plataformas digitales y el cumplimiento de normativas ambientales y laborales.
Dr. Orlando Pulvirenti
II. EL PODER DE POLICÍA Y LA CRISIS DE HABITABILIDAD: LA REDEFINICIÓN DE LA OCTAVA ENMIENDA
La intersección entre la gestión municipal del espacio público y los derechos constitucionales de las poblaciones vulnerables alcanzó su punto álgido en el término 2023-2024. Es una realidad que se produce en varias localidades norteamericanas la existencia de personas sin hogar que se instalan o deambulan en la vía pública y que; en muchos casos presentan problemas de adicciones graves a drogas o afecciones psiquiátricas, frente a las cuales las Municipalidades disponen de algunas soluciones, entre ellas coactivas.
El ejercicio de ese poder de control sobre uso del espacio público y su conexión con situaciones dramáticas en lo social, generan una tensión en la que entra en juego la discusión de derechos constitucionales y la clarificación sobre los límites de su poder coercitivo.
En el caso City of Grants Pass v. Johnson (4), representa la decisión más trascendental en décadas respecto a la capacidad de los gobiernos locales para regular los campamentos en propiedad pública (5). El caso surgió en Grants Pass, Oregón, una ciudad de 38,000 habitantes con una población significativa de personas sin hogar y una capacidad de refugio provista por la Ciudad que resulta extremadamente escasa y limitada.
En ese estado de cosas, la Municipalidad dispuso una prohibición de que los habitantes pudieran dormir en espacios públicos, utilizando frazadas o almohadas, circunstancia que confrontaba con un viejo antecedente de la Corte Suprema.
En efecto, el núcleo de la controversia residía en la interpretación de la cláusula de castigos crueles e inusuales impedidos en la Octava Enmienda de la carta organizacional norteamericana.El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, basándose en su precedente anterior en «Martin v. Boise» (6), había sostenido que penalizar a las personas por dormir en público cuando carecen de acceso a un refugio alternativo equivalía a criminalizar su «estatus» de personas sin hogar, una violación de la Octava Enmienda según la doctrina de «Robinson v. California» (1962) (7). De esta manera, aquellas ordenanzas municipales que prohíban el uso de mantas o almohadas en aceras y parques resultaban inconstitucionales, de no existir una alternativa de camas de refugio efectivamente disponibles, puestas a disposición por la comuna.
Ahora bien, en una decisión que fuera sancionada con una mayoría de 6-3 votos, redactada por el Juez Gorsuch, la Corte Suprema revocó al Noveno Circuito, sosteniendo que las ordenanzas de Grants Pass no violaban la octava enmienda.
Para decidir de esta manera, se hizo una distinción entre estatus y conducta. La mayoría argumentó que las ordenanzas prohibían acciones específicas -acampar o dormir en propiedad pública- aplicables a cualquier persona, independientemente de su estatus de vivienda. La Corte rechazó la extensión de Robinson, afirmando que la Constitución no impide a las ciudades regular conductas, incluso si estas son involuntarias o biológicamente necesarias debido a la falta de vivienda (8).
Finalmente, el fallo también se introdujo en la sanción, enfatizando que las multas civiles y las penas de cárcel limitadas por reincidencia (criminal trespass) no califican como «crueles e inusuales» en el sentido histórico, reservado para métodos de castigo bárbaros (9).
Cierto es que esta sentencia les acuerda a los gobiernos locales una victoria táctica significativa, devolviendo a los funcionarios una facultad para gestionar el uso del espacio público, no exento sin embargo de algunas polémicas.En efecto, de la lectura de doctrina especializada surge que se estima que la decisión no implica en modo alguno una carta blanca, sosteniendo que la cuestión constitucional podría eventualmente ser reeditada, pero bajo argumentos distintos en los cuales se desplacen hacia reclamos por afectación del debido proceso, protección igualitaria o derechos bajo constituciones estatales, que a menudo ofrecen protecciones más amplias que la federal. A la par no dejan de observar que, si bien la Corte ha restaurado el poder de policía, la decisión podría fomentar una «aplicación discriminatoria» de la ley, donde la pobreza se gestiona mediante multas que perpetúan el ciclo de indigencia, una preocupación destacada en los disensos y análisis académicos (10).
III. USO DEL SUELO Y EXPROPIACIÓN: EL FIN DE LA EXCEPCIÓN LEGISLATIVA
Las Municipalidades de Estados Unidos se caracterizan por favorecer el financiamiento de la infraestructura pública a través del desarrollo privado. Tal proceder ha sido una piedra angular del urbanismo estadounidense. Sin embargo, la decisión unánime en Sheetz v. County of El Dorado (11) ha alterado fundamentalmente la seguridad jurídica de las denominadas tarifas de impacto (impact fees).
George Sheetz impugnó una tasa llamada de mitigación de tráfico de $23,420 impuesta por el Condado de El Dorado como condición para obtener un permiso de construcción para su vivienda unifamiliar. Sin embargo, dicho importe no se calculó en función del impacto específico que tenía su proyecto sobre la urbanidad y consecuentemente se vinculó económicamente; sino que se estimó mediante una fórmula legislativa aplicada a una clase muy amplia y extendida de propiedades.
Con anterioridad la jurisprudencia referida a privaciones de la propiedad declarada inconstitucional en «Nollan v. California Coastal Comm’n» y «Dolan v.City of Tigard», exigía que las condiciones de los permisos tuvieran un nexo esencial y una proporcionalidad aproximada con el impacto propio del desarrollo inmobiliario (12). Históricamente, muchos tribunales, incluidos los de California, sostenían que este test riguroso sólo se aplicaba a decisiones administrativas, eximiendo de ese requisito a aquellos tributos que fueran impuestos por vía legislativa (13).
Ahora bien, la Corte Suprema en opinión con voto de la Jueza Barrett, abolió esta distinción. El fallo sostiene inequívocamente que la cláusula de expropiación no distingue entre condiciones de permiso impuestas por el Poder Ejecutivo o el Legislativo. En un criterio que compartimos, inclusive muy aplicable en el Derecho Argentino, la Corte entiende que una exacción legislativa que toma. limita o afecta la propiedad privada sin una compensación adecuada, resulta tan inconstitucional como una restricción administrativa. El riesgo existe en ambos escenarios.
En consecuencia, la decisión judicial impide a las municipalidades escudarse en la naturaleza legislativa de sus tributos para evitar que sus imposiciones queden fuera del escrutinio de proporcionalidad. Cada tasa de impacto o plus valía, debe estar respaldada por estudios técnicos que demuestren que el costo cobrado es ajustado al impacto generado por el desarrollo específico o la clase de desarrollo.
La decisión ha generado una necesidad urgente de actualizar los estudios de nexo y las ordenanzas tributarias.Sin embargo, es crucial notar que, al restituir el caso (remand) a los tribunales estatales, la Corte de Apelaciones de California determinó en 2025 que la tarifa del Condado de El Dorado sí cumplía con los criterios de los precedentes «Nollan/Dolan». El tribunal encontró que el condado había utilizado modelos de tráfico válidos y diferenciación por zonas, demostrando que es posible sobrevivir al escrutinio estricto si la legislación está bien fundamentada técnicamente (14).
No obstante, la literatura académica sugiere que Sheetz podría elevar los costos de vivienda al encarecer los estudios previos necesarios para legislar, o alte rnativamente, obligar a las ciudades a buscar fuentes de financiamiento menos litigiosas, como impuestos generales, alterando la economía política del desarrollo urbano (15).
IV. DERECHOS DE PROPIEDAD Y EQUIDAD FISCAL: EL CASO DEL «ROBO DE PLUSVALÍA»
En paralelo a Sheetz, la Corte abordó cuestiones vinculadas a impuestos municipales y equidad fiscal, reiterando la protección frente a la privación de la propiedad gubernamental por vía confiscatoria.
4.1 Tyler v. Hennepin County: La Inconstitucionalidad de Retener el Excedente
El caso Tyler v. Hennepin County (16), que ya comentamos con anterioridad en esta editorial, expuso una práctica común en varios estados: la privación total del valor de una propiedad por deudas fiscales menores, sin devolver el valor excedente al propietario tras la venta de la misma en remate (17). En ese caso, Geraldine Tyler, una mujer de 94 años, perdió su condominio valorado en $40,000 por una deuda de $15,000.El condado retuvo el excedente de $25,000.
La Corte calificó esta práctica como una «expropiación clásica» (classic taking). El Juez Roberts rechazó el argumento de que la ley estatal podía redefinir los derechos de propiedad para extinguir el interés del propietario.
Se ha dicho que «El contribuyente debe rendir al César lo que es del César, pero no más», y consecuentemente con ello, la Constitución prohíbe al gobierno enriquecerse a expensas del ciudadano más allá de lo adeudado.
Lo más significativo es que la decisión comentada invalida normativa de al menos una docena de estados (como Minnesota, Oregón y Nueva York) y expone a los gobiernos locales a responsabilidad retroactiva bajo la Cláusula de Expropiación. Y más allá de que la doctrina ha destacado que esta decisión beneficia en mayor medida a propietarios de bajos ingresos y minorías, quienes son las víctimas más frecuentes de la pérdida de plusvalía en ejecuciones fiscales; lo cierto es que, lo que pareciera increíble – incluso a la luz de los postulados que rigen el derecho argentino – es que semejante proceder haya sido sostenido durante años.
V. LA PRIMERA ENMIENDA EN LA ERA DIGITAL: FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y REDES SOCIALES
Una cuestión interesante en los tiempos actuales, tratada por la Corte con alcances que se pueden proyectar a todos los niveles estatales, tuvo que ver con la omnipresencia de las redes sociales como herramienta de comunicación gubernamental. En diversas causas la Justicia aborda los límites entre la expresión privada de un funcionario y la acción estatal sujeta a la Primera Enmienda, involucrando a funcionarios municipales (18).
5.1 Lindke v. Freed: El Nuevo Test de Autoridad Estatal
En la causa Lindke v. Freed, 601 U.S. (2024), la Corte resolvió poniendo fin a la disputa entre las cámaras de circuito que estaban divididas sobre cuándo un funcionario público puede bloquear a ciudadanos en sus cuentas personales de redes sociales.James Freed, administrador municipal de Port Huron, Michigan, utilizaba su página de Facebook para asuntos tanto personales como oficiales y bloqueó a un residente crítico, Kevin Lindke.
La Corte estableció un estándar riguroso para determinar si la actividad en redes sociales constituye «acción estatal» bajo 42 U.S.C. § 1983, siguiendo las premisas que se indican: 1) El funcionario debe poseer el carácter de autoridad conferida por el estado para hablar en nombre del gobierno sobre un asunto particular y; 2) debe pretender, cuanto menos, ejercer esa autoridad al hablar en las publicaciones relevantes.
La decisión impone una carga de claridad sobre los funcionarios. Siendo así, si una cuenta está etiquetada claramente como personal, existe una presunción fuerte de que no es acción estatal. Sin embargo, el uso mixto genera riesgos de que así pueda estimarse. Por ello advierte que el «bloqueo» afecta a toda la página. Si un funcionario mezcla publicaciones oficiales y personales en una sola página y bloquea a un usuario, puede estar incurriendo en responsabilidad estatal porque le impide comentar en los posts oficiales. La recomendación inequívoca es la segregación estricta de cuentas.
VI. DERECHO ADMINISTRATIVO Y AMBIENTAL: EL DESMANTELAMIENTO DEL ESTADO ADMINISTRATIVO
Pero quizás el cambio más importante y estructural para los gobiernos locales proviene de la reescritura de las reglas del derecho administrativo federal, lo que altera la relación entre las municipalidades, las agencias federales (como la EPA) y los tribunales.
6.1 Loper Bright Enterprises v. Raimondo: El Fin de la Deferencia Chevron
En la causa Loper Bright Enterprises v. Raimondo (19), la Corte anuló el precedente de cuarenta años de Chevron U.S.A. Inc. v. NRDC, eliminando la obligación judicial de diferir a las interpretaciones razonables de las agencias federales sobre estatutos ambiguos.
Tal decisión ha producido un efecto en cascada en los Gobiernos Locales y ello, aunque el caso no involucró directamente a una municipalidad, pero sus efectos son omnipresentes. Por un lado, las municipalidades dependen de interpretaciones de agencias federales para la gestión de subvenciones (grants), vivienda (HUD) y transporte. Sin Chevron, estas regulaciones son vulnerables a desafíos legales, creando inestabilidad en la planificación a largo plazo y el cumplimiento de condiciones de financiamiento.
Por otro, esa incertidumbre se traslada en la previsión de un aumento exponencial en litigios donde las ciudades impugnen interpretaciones federales onerosas, o viceversa, donde grupos de interés impugnen la permisividad de las agencias, con los tribunales ahora obligados a ejercer su «juicio independiente».
6.2 City and County of San Francisco v. EPA: La Batalla por los Permisos NPDES
Aplicando este nuevo escepticismo hacia las agencias; sin embargo, la Corte falló en favor de las municipalidades en City and County of San Francisco v. EPA (20), San Francisco desafió la práctica de la EPA de incluir prohibiciones genéricas en permisos de aguas residuales (NPDES), como prohibir cualquier descarga que «cause o contribuya» a violaciones de estándares de calidad del agua, sin especificar límites numéricos.
La Corte sostuvo que la Ley de Agua Limpia (CWA) exige que la EPA defina «limitaciones de efluentes» específicas. La agencia no puede eludir su deber técnico transfiriendo la responsabilidad legal de la calidad del agua al titular del permiso mediante cláusulas genéricas de resultado final.
Esta decisión fortalece lo que se llama el «escudo del permiso» (permit shield). Si una municipalidad cumple con los límites numéricos específicos de su permiso, está protegida de responsabilidad legal, incluso si la calidad del agua receptora se deteriora, proporcionando la certeza necesaria para las inversiones masivas en infraestructura de tratamiento.
6.3 Sackett v. EPA: La Contracción de «Aguas de los Estados Unidos»
Por su parte, en Sackett v.EPA (21), la Corte redujo drásticamente la jurisdicción federal sobre los humedales, limitando la CWA a aquellos con una «conexión superficial continua» con aguas navegables.
Esta decisión elimina la necesidad de permisos federales para proyectos municipales que afecten humedales aislados o efímeros, agilizando la construcción de carreteras y drenajes (22). Sin embargo, transfiere la carga total de proteger estos ecosistemas -cruciales para el control de inundaciones y filtración de agua- a los gobiernos estatales y locales, quienes deben llenar el vacío regulatorio federal.
VII. EMPLEO PÚBLICO Y DERECHOS CIVILES: ESTÁNDARES DE DISCRIMINACIÓN
Finalmente, la Corte ha reajustado los estándares para demandas que por motivos de discriminación puedan ser aplicadas en el empleo público bajo el Título VII, aumentando la exposición legal de las Municipalidades por sus políticas y criterios de recursos humanos.
7.1 Muldrow v. City of St. Louis: Reducción del Umbral de Daño
En Muldrow (23) la Corte determinó que un empleado no necesita demostrar un daño «significativo» o «material» para demandar por transferencias laborales discriminatorias; basta con demostrar «algún» perjuicio en los términos o condiciones de empleo. Esto obliga a los municipios a justificar rigurosamente cualquier reasignación de personal policial o administrativo, eliminando la defensa de que las transferencias laterales son inocuas.
7.2 Ames v. Ohio Department of Youth Services: Discriminación Inversa
En Ames (24) la Corte eliminó el requisito de «circunstancias de fondo» que algunos circuitos exigían a los demandantes de grupos mayoritarios (e.g., blancos, hombres) para probar discriminación inversa (25).
Al unificar el estándar de prueba, la decisión facilita los desafíos legales contra programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) municipales, si estos resultaran en decisiones adversas para empleados de grupos mayoritarios, exigiendo una neutralidad escrupulosa en las políticas de ascenso y contratación.
VIII. CONCLUSIÓN: EL NUEVO FEDERALISMO JUDICIAL
Ciertamente cada ordenamiento jurídico tiene sus propias reglas, pero el Derecho Comparado permite observar tendencias, máxime cuando se trata de analizar lo que ocurre en el primer estado organizado federalmente de relevancia; y cuyo modelo fue seguido por la República Argentina al definir sus instituciones.
La revisión de los términos 2023-2025 revela que la Corte Suprema Norteamericana que actúa como guardián de los límites constitucionales, tiende a flexibilizar potestades locales o a restringirlas, más en un eje vinculado a líneas ideológicas que a una tensión entre potestades estatales y federales, versus municipales.
En tal sentido de este balance surge que las municipalidades; por un lado, han ganado herramientas claras para controlar el orden público (Grants Pass) y protección contra la extralimitación regulatoria federal (San Francisco v. EPA, Loper Bright); pero por otro, han recibido restricciones constitucionales en su capacidad de recaudación, cuando ello puede suponer una limitación al derecho de propiedad privada (S heetz, Tyler), así como en materia de gestión de personal (Muldrow, Ames) cuando se tratare de proteger a minorías.
El mensaje subyacente es inequívoco: la era de la deferencia judicial hacia la conveniencia administrativa municipal ha terminado, se favorecen las libertas individuales, el derecho de propiedad y su limitación es por ley; ello en desmedro de políticas previas en favor de cupos o de tutela del medio ambiente. Consecuentemente la gestión local exitosa, en esta nueva era requerirá una precisión técnica, probatoria y constitucional sin precedentes.
(1) Tocqueville, Alexis, «La democracia en América», Buenos Aires, EFE, 2020.
(2) Alberdi, Juan Bautista, «Derecho público provincial argentino», Buenos Aires, 1928.
(3) Pulvirenti, Orlando, «Fallos Judiciales Municipales 2023: en Estados Unidos y Argentina», 31-enero-2024, MJ-DOC-17565-AR.
(4) 603 U.S. (2024).
(5) 23-175 City of Grants Pass v. Johnson (06/28/2024) – Supreme Court, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.supremecourt.gov/opinions/23pdf/23-175_19m2.pdf
(6) Martin vs. Boise, 920 F. 3d 584, 617.
(7) 370 U.S.660 (1962).
(8) Developments in Constitutional Law: City of Grants Pass v. Johnson – Wisconsin Legislative Documents, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://docs.legis.wisconsin.gov/misc/lc/issue_briefs/2024/housing/ib_grants_pass_ag_2024_10_02.
(9) Grants Pass v. Johnson: How the Case Affects the Homeless – Purdue Global Law School, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.purduegloballawschool.edu/blog/news/grants-pass-johnson-homeless
(10) City of Grants Pass v. Johnson, 138 Harv. L. Rev. 375, ver en https://harvardlawreview.org/print/vol-138/city-of-grants-pass-v- johnson/. Ver también, Vinayak Menon, «Should Homelessness be a Crime? A Critique of City of Grants Pass v. Johnson», Princenton Law Review, V. 5, ISSUE 1, Winter 2025.
(11) 601 U.S. (2024); «Sheetz v. County of El Dorado», Supreme Court – Law.Cornell.Edu, https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/22-1074.
(12) Criterio que en general se aplica a las tasas municipales en la Argentina, donde debe de haber alguna proporcionalidad entre la imposición tarifaria y el servicio que se le presta al vecino.
(13) Sheetz Loses Again: Legislatively Enacted Fees Satisfy Nolan/Dollan – Nossaman LLP, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.nossaman.com/newsroom-insights-sheetz-loses-again-legislatively-enacted-fees-satisfy-nolan-dollan (14) Court of Appeal Upholds Traffic Impact Fee Post-Sheetz: Class-Based Development Fees Can Survive Takings Scrutiny, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://bbklaw.com/resources/la-0813250-court-of-appeal-upholds-traffic-impact-fee-post-sheetz-class-based-de elopment-fee
(15) Serkin, Cristopher, «Exacting Assessments: Sheetz and the Problem of Stategraft», Wiconsin Law review, I -2024, 602; en https://scholarship.law.vanderbilt.edu/faculty-publications/1602/.
(16) 598 U.S. 631 (2023).
(17) Crusto, Mitchell F., Home Equity Theft: A Right Without a Just Remedy, Enero 2025, https://wmlawreview.org/home-equity- theft-right-without-just-remedy.
(18) Cabe indicar que referí a este tema en Pulvirenti, Orlando, Doctrina «El bloqueo de redes sociales por funcionarios:¿viola la libertad de expresión y el acceso a la información?», 01-07-2024, MJ-DOC-17850-AR – MJD17850 y Pulvirenti, Orlando, Pulvirenti Orlando, «Internet, Redes y Censura», SAIJ, 20-12-21.
(19) SCOTUS 603 U.S. (2024)
(20) SCOTUS 604 U.S. (2025)
(21) SCOTUS 598 U.S. 651 (2023)
(22) Inevitable pensar en la cuestión de los humedales en la Argentina, pero a la par reflexionar sobre como la multiplicidad de jurisdicciones judiciales intervinientes terminan convirtiendo la cuestión en un galimetías, en el que ni defensores del medio ambiente, ni desarrollistas, ni autoridades Federales, Provinciales y Municipales, puedan saber a ciencia cierta cómo moverse. Baste con repasar las sucesivas medidas judiciales, idas y venidas en la zona de Nordelta o de Campana, con actuaciones administrativas y judiciales, muchas veces contradictorias y desconcertantes.
(23) SCOTUS 601 U.S. (2024)
(24) SCOTUS 605 U.S. (2025)
(25) High Court Eliminates «Background Circumstances» as a Requirement in «Reverse Discrimination» Cases | Littler, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.littler.com/news-analysis/asap/high-court-eliminates-background-circumstances- requirement-reverse y Ames v. Ohio Department of Youth Services: SCOTUS Simplifies Reverse Discrimination Claims – WilmerHale, fecha de acceso: diciembre 26, 2025, https://www.wilmerhale.com/en/insights/client-alerts/20250606-ames-v-ohio- department-of-youth-services-scotus simplifies-reverse-discrimination-claims
(*) Abogado y escribano, Universidad Nacional de La Plata; Maestría en Derecho Comparado, University of Miami; Especialización en Derecho Administrativo, UBA, y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, UBA. Profesor Adjunto de Derechos Humanos y Garantías, UBA.
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