Ley de Malvinas: el Gobierno tiene los votos para aprobar el proyecto, pero peligra un capítulo clave

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El oficialismo cuenta con los votos necesarios para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como la ley de Malvinas, durante la sesión prevista para este miércoles en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el Gobierno enfrenta dificultades para reunir la mayoría especial que necesita para sostener el capítulo 7, cuestionado por varios bloques dialoguistas por sus disposiciones sobre financiamiento electoral, inteligencia y seguridad nacional.
Ley de Malvinas: qué bloques acompañan al Gobierno y cuáles ponen condiciones
La negociación parlamentaria tuvo un capítulo importante el jueves pasado, durante una reunión a puertas cerradas en el Salón de Honor de Diputados.
Ley de Malvinas: el oficialismo busca aprobar el proyecto, pero sus aliados resisten cambios clave.
En ese encuentro, el oficialismo buscó ordenar el respaldo de sus aliados y recibió distintas posiciones.
El PRO y la UCR se comprometieron a acompañar el proyecto, con o sin modificaciones. En cambio, Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron cambios profundos en el capítulo 7 para garantizar sus votos.
Hasta el momento, el Gobierno solamente ofreció modificaciones menores, por lo que crece la posibilidad de que ese apartado sea eliminado durante la votación en particular.
Por qué peligra el capítulo 7 del proyecto
Una vez que la Cámara apruebe el proyecto en general, los diputados deberán votar cada uno de sus capítulos por separado.
El capítulo 7 requiere una mayoría especial de 129 votos, debido a que incorpora disposiciones vinculadas, entre otros aspectos, con el sistema electoral.
Ese número todavía no está asegurado. Por eso, no se descarta que el oficialismo acepte retirar el apartado para garantizar el respaldo al núcleo central de la iniciativa: las sanciones contra empresas petroleras que operan sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
Entre los puntos más cuestionados se encuentran:

Multas a extranjeros sin residencia permanente y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales.
Nuevos delitos vinculados con la denominada injerencia extranjera.
Penas de prisión por colaborar con operaciones militares o de inteligencia dirigidas por Estados extranjeros.
Sanciones por revelar secretos a gobiernos o servicios de inteligencia extranjeros.
Prohibiciones a la organización y financiación de campañas de injerencia extranjera y actos de sabotaje.

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Ante las críticas recibidas, el Gobierno incorporó excepciones para proteger la actividad diplomática realizada conforme al derecho internacional, la expresión pública de opiniones de Estados extranjeros, el periodismo, la investigación académica y la representación abierta de intereses.
Qué establece el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
El objetivo central de la iniciativa es ampliar las facultades del Poder Ejecutivo para actuar frente a situaciones consideradas amenazas externas.
El proyecto también mantiene sanciones penales y económicas contra quienes participen en la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas.
Ley de Malvinas: el oficialismo busca aprobar el proyecto, pero sus aliados resisten cambios clave.
En esos casos, contempla penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores de las empresas involucradas.
Sin embargo, el texto fue modificado respecto de su versión original: quedaron excluidos los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.
También se redujeron las multas económicas. El rango previsto pasó de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a entre 2.000 y 40.000 barriles.
El Consejo de Seguridad Nacional y las nuevas facultades del Ejecutivo
Otro de los ejes de la reforma es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo encargado de coordinar una estrategia conjunta de seguridad, defensa e inteligencia estratégica.
Estará presidido por el Presidente de la Nación y contará con la participación de los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
A pedido de bloques aliados, se amplió su integración con la incorporación, como miembros no permanentes, del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores.
Entre sus atribuciones estará la protección de infraestructuras críticas y la posibilidad de disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave.
Entre esas herramientas figuran:

Restringir operaciones cambiarias y financieras.
Bloquear temporalmente fondos y activos.
Suspender autorizaciones o contrataciones.
Restringir importaciones y exportaciones.
Aumentar temporalmente los derechos aduaneros.

Las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, otro punto de conflicto
La iniciativa también mantiene disposiciones que generan preocupación en distintos sectores políticos por el alcance de las funciones militares.
Entre ellas se encuentran los protocolos para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, además de la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en las denominadas operaciones no convencionales.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que estas facultades podrían desdibujar la separación entre las tareas de las fuerzas de seguridad y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, habilitando su intervención en cuestiones de Seguridad Interior.
El Congreso tendrá una comisión para controlar las decisiones del Gobierno
Como parte de las modificaciones negociadas con los aliados, el oficialismo aceptó incorporar una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso.
La propuesta fue impulsada por el diputado Eduardo Falcone (MID) y tiene como objetivo auditar y monitorear las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad Nacional.
El Poder Ejecutivo deberá informar a la comisión sobre las medidas implementadas en un plazo máximo de 48 horas.
La polémica por el registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo
Otro apartado controvertido de la reforma establece que el Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) tenga rango legal.
Además, habilita la inscripción de organizaciones cuando existan «motivos razonables para sospechar» su vinculación con actividades terroristas.
Desde la oposición advierten que el proyecto utiliza definiciones demasiado amplias de conceptos como terrorismo y amenaza externa.
Según sus cuestionamientos, esa falta de precisión podría otorgar al Poder Ejecutivo un margen excesivo de discrecionalidad para perseguir expresiones de disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.
Qué otros proyectos se debatirán este miércoles en Diputados
La sesión está prevista para este miércoles a partir de las 12 del mediodía y tendrá otros temas relevantes en el orden del día.
Además de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, los diputados tratarán:

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Los acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y delitos contra la integridad sexual.
El Convenio de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur.
La enmienda al Protocolo de Montevideo.

La principal incógnita de la jornada será si el Gobierno consigue sostener el capítulo 7 o debe resignarlo para asegurar la aprobación del resto de la iniciativa.
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