Los pedidos del Ejecutivo santafesino abren el debate en Unidos

«En Unidos hemos tenido muchas veces diferencias, hemos hecho esfuerzos para tener consensos y lo vamos a lograr con Herramientas. Hemos ya votado 70 mensajes del Ejecutivo». Fue la cuidada y escueta declaración de la diputada socialista Lionella Cattalini al día después de que la Cámara de Diputados de Santa Fe postergara por siete días el tratamiento, en el recinto, del mensaje del Poder Ejecutivo que lleva por título «Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública».
Si bien el último jueves, la Cámara de Diputados, votó dos de los tres mensajes del Poder Ejecutivo referidos a políticas de seguridad, el tema Herramientas es el que mayores diferencias abre especialmente entre el socialismo y el resto de la bancada. El interbloque de Unidos tiene 28 integrantes, 14 de ellos socialistas. Los radicales son 9; 3 mujeres tiene el Pro más los unipersonales representantes de Creo y de Uno.
El sello de Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados tiene como fecha de ingreso del expediente generado por el Poder Ejecutivo el 14 de mayo último, a las 9.09. Dos meses atrás, viendo la falta de avances en el debate en comisiones, el radicalismo logró que el expediente sea considerado en forma conjunta por las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Martín Rosúa (UCR) encabeza la primera; Cattalini la segunda.
Más allá del intercambio de opiniones sobre los alcances del proyecto, hubo dos plenarios: uno con autoridades del Poder Judicial y otro con entidades ligadas al derecho penal. La Corte Suprema de Justicia en pleno, autoridades del Ministerio Público de la Acusación y la Defensora Pública Penal asistieron a exponer en la primera jornada con advertencias de los ministros del tribunal superior y de Estrella Moreno Robinson sobre los riesgos de algunas de las figuras incorporadas en el texto.
La segunda reunión congregó a colegios de abogados más abogados rosarinos y entidades defensoras de derechos humanos donde las críticas fueron mayores. Este segundo encuentro motivó críticas solapadas en legisladores oficialistas e incluso en funcionarios de la Casa Gris.
Cattalini, la socialista que preside Asuntos Constitucionales. Foto: Manuel Fabatia
Después empezaron cruces de borradores con posibles cambios que empezaron a preocupar al Poder Ejecutivo por entender que apuntaban contra el corazón de la reforma. El paquete titulado Herramientas abarca 9 reformas al Código Procesal Penal así como retoca un artículo de la Ley de Ejecución de la Pena, otro de la Ley de Inteligencia; 3 artículos de la norma sobre Protección de Víctimas y Recompensas y sendos artículos de la Orgánica de la Policía y al Código de Convivencia.
Fue el presidente provisional del Senado y presidente de la UCR, Felipe Michlig quien marcó en la sesión del 22 de octubre la postura del Ejecutivo y del radicalismo cuando en el final de reunión apuró a la Cámara Baja a que apruebe el paquete de leyes de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, aclarando que el Senado ya había dado luz verde a varias de esas iniciativas meses atrás.
Pullaro habló el último miércoles ante personal del Servicio Penitenciario. «Nosotros necesitamos más herramientas. Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos» y ante cuestionamientos por una posible inconstitucionalidad, fue contundente ante los cronistas: «Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional».
Luego, otras espadas radicales como José Corral y Rosúa dijeron estar dispuestos a votar las herramientas reclamadas por el Ejecutivo y el día antes de la sesión, en una reunión con el interbloque de Unidos, los ministros Fabián Bastia y Pablo Cococcioni ratificaron que el proyecto era el texto original. Actores admiten que fue una reunión dura, con polémica y cruces políticos.
El jueves, Unidos no pudo sintetizar un dictamen en las comisiones mientras la oposición esperaba en los pasillos aunque varios de los sectores anticiparon que votarán en contra, especialmente el interbloque del PJ y la izquierda.
Corral fundamentó el tema de control de celulares y es vocero desde el radicalismo de temas como Herramientas. Foto: Manuel Fabatia
Tras la sesión, Corral y Cattalini hablaron sobre los temas votados y fueron muy escuetos en sus respuestas sobre el tema Herramientas. El resto del bloque socialista hizo silencio. Dicen que hay capítulos del proyecto que no pueden votar y entienden que la salida es con más diálogo hasta buscar un acuerdo.
Los radicales dicen que el Ejecutivo necesita más herramientas para mejorar la seguridad pública y reprochan que los socialistas no valoran lo actuado en Rosario durante la gestión actual. En el Ejecutivo siguen dispuestos a explicar por qué las medidas solicitadas y entienden que pueden votarse hasta por partes sin alterar el propósito.
Hasta el jueves, habrá plazos para encontrar el acuerdo en Unidos. Desde el socialismo no se escuchó como alternativa romper la coalición. Es más, el ex gobernador Antonio Bonfatti -hoy diputado provincial- se sumó al streaming del jueves último en el acto donde el radicalismo conmemoró el triunfo de 1983. Ese día, el socialista fue elegido presidente comunal de Las Parejas, uno de los pocos socialistas victoriosos en la vuelta a la democracia.
El Ejecutivo seguirá poniendo el acento en la seguridad pública ya de cara a la campaña electoral que se avecina. El ministro de Economía, Pablo Olivares, al presentar el Presupuesto 2027 destacó que una de las prioridades son las inversiones en seguridad, con $ 2,34 billones para cárceles, estaciones policiales y equipamiento de las fuerzas.
Mientras Unidos seguía trabado en el tema Herramientas en la Legislatura, el gobernador Pullaro recibía a tres de las principales figuras del gabinete nacional en la concurrida jornada de la ronda de negocios de RIGI en Rosario. La foto no pasó inadvertida y abrió especulaciones.
Interrogatorio policial
Uno de los temas que genera polémicas en Unidos es la declaración informativa e interrogatorio policial. En este aspecto, el Poder Ejecutivo propone restituir la figura de la declaración informativa, pensada para los primeros momentos investigativos. La reforma pretende facilitar la recolección de información en los primeros momentos de la investigación penal, cuando todavía es prematuro definir si una persona debe declarar como imputado o como testigo, evitándose así la declaración bajo juramento de personas que podrían ser luego imputadas.
Por otra parte, habilita el interrogatorio policial en los primeros momentos investigativos y se elimina la presencia del defensor como condición ineludible para la declaración del imputado.
Juicio en rebeldía
Otro tema que genera divisiones es la posibilidad de enjuiciamiento penal en rebeldía. De hecho ya existe en ciertos supuestos en el estado actual de la legislación, se dice en los fundamentos. «No se viola el derecho de defensa si la persona es debidamente notificada de la causa en su contra, quedando a su criterio la posibilidad de comparecer a defenderse o no hacerlo, debiendo soportar en este último caso las consecuencias de su contumacia», expresa el mensaje.
Además prevé la revisabilidad de la condena en rebeldía y se regula el supuesto de aparición tardía del imputado, cuando invocara motivos atendibles para justificar su incomparecencia.