Nicaragua impulsa una nueva reforma para extender a siete años renovables el mandato presidencial

La Asamblea Nacional de Nicaragua inició el proceso para reformar nuevamente la Constitución y extender de cinco a siete años el período presidencial, con posibilidad de renovación. La iniciativa fue presentada este martes y remitida a una Comisión Especial de Carácter Constitucional, que deberá analizar el proyecto, realizar el proceso de consulta y elaborar un dictamen para su posterior tratamiento parlamentario.
La propuesta fue impulsada por el oficialismo, que controla el Parlamento, y contempla cambios que, según sus promotores, buscan dar mayor estabilidad y continuidad a las políticas públicas. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sostuvo que el nuevo esquema permitiría fortalecer la «estabilidad en visión, operatividad y continuidad» del sistema de gobierno y facilitar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Humano y de Liberación de la Pobreza.
El proyecto comenzó a avanzar en un contexto político marcado por las recientes declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien el 19 de julio afirmó que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones». Días después, el Parlamento comenzó a tramitar una reforma que, además de modificar la duración de los mandatos, incluye cambios en las reglas electorales y en las condiciones para la participación de sectores opositores.
El proyecto plantea mandatos de siete años renovables
La reforma establece que los períodos presidenciales pasen a ser de siete años, frente a los seis que contempla actualmente la Constitución tras una modificación aprobada en 2025. La propuesta también mantiene la posibilidad de renovar el mandato, según explicó Porras durante la presentación de la iniciativa ante el Parlamento.
El cambio implicaría una nueva modificación en el calendario institucional del país. Una reforma constitucional anterior, promovida por el gobierno de Ortega y promulgada en febrero de 2025, había extendido el período presidencial de cinco a seis años y desplazado las elecciones nacionales previstas originalmente para 2026 hacia 2027. La nueva propuesta vuelve a poner en discusión la duración del mandato y el futuro del calendario electoral nicaragüense.
El trámite legislativo prevé ahora un período de consultas. Según informó la Asamblea Nacional, la Comisión Especial deberá recibir aportes y elaborar un dictamen antes de que la iniciativa sea sometida nuevamente al pleno. El oficialismo adelantó que pretende avanzar con la reforma durante los próximos meses.
La propuesta también incorpora modificaciones relacionadas con las candidaturas y el funcionamiento del sistema electoral. De acuerdo con los detalles difundidos por el presidente del Parlamento, se busca incorporar a la Constitución restricciones para impedir que determinadas personas puedan presentarse a cargos de elección popular o de designación pública.
Entre los sectores que quedarían alcanzados por esas restricciones se encuentran quienes, según el gobierno, hayan participado o financiado las protestas de 2018 o hayan respaldado sanciones internacionales contra Nicaragua. El oficialismo sostiene que estas disposiciones son necesarias para proteger la soberanía nacional y evitar injerencias externas.
La iniciativa también contempla ampliar las facultades del Consejo Supremo Electoral para intervenir ante candidaturas o partidos que no cumplan con las nuevas disposiciones. Según el medio nicaragüense Confidencial, el organismo podría cancelar candidaturas o negar la personalidad jurídica a partidos que postulen personas alcanzadas por las prohibiciones previstas en la reforma.
El debate sobre las elecciones y el futuro político del país
El avance de la reforma ocurre en medio de una fuerte controversia sobre el futuro de las elecciones en Nicaragua. Las declaraciones de Ortega del 19 de julio generaron preocupación y rechazo de distintos gobiernos y organismos internacionales. El presidente nicaragüense había dicho que no habría nuevos comicios que permitieran a la oposición intentar acceder al gobierno, una afirmación que fue interpretada como un anuncio de cierre de la vía electoral para la alternancia política.
Tras esas declaraciones, el presidente de la Asamblea Nacional intentó transmitir ante representantes diplomáticos una interpretación diferente. Porras sostuvo que en Nicaragua sí habrá elecciones, aunque defendió al mismo tiempo la necesidad de modificar las reglas constitucionales y electorales. El oficialismo asegura que el proceso busca garantizar la estabilidad del país y preservar su soberanía.
La propuesta generó cuestionamientos internacionales. Según EFE, distintos gobiernos y organismos, entre ellos Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, expresaron preocupación o rechazo ante las declaraciones de Ortega sobre el futuro de las elecciones.
Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde 2007, luego de haber ocupado anteriormente la Presidencia entre 1979 y 1990. En los últimos años, su gobierno avanzó en reformas institucionales que reforzaron el poder de la Presidencia y consolidaron la figura de Rosario Murillo, su esposa, como copresidenta.
El proceso iniciado esta semana todavía no concluyó. La iniciativa debe atravesar la etapa de consultas, recibir un dictamen de la comisión especial y luego ser debatida por la Asamblea Nacional. En paralelo, el gobierno nicaragüense enfrenta cuestionamientos internacionales por las restricciones a la oposición y por el futuro del sistema electoral.
El resultado de este proceso definirá no solo la duración de los próximos mandatos presidenciales, sino también las condiciones en las que se desarrollará la competencia política en Nicaragua. Por ahora, el Parlamento avanza con una nueva reforma constitucional mientras el gobierno de Ortega sostiene que busca garantizar la continuidad de su modelo de gestión y distintos sectores cuestionan el impacto de los cambios sobre la participación electoral y la alternancia en el poder.