Una reciente modificación legislativa en la Ciudad de Buenos Aires ha fijado en tres años la edad mínima para la escolarización obligatoria, en lugar de cuatro. Este cambio representa un desafío tanto para las familias como para el Estado, quienes comparten la responsabilidad de implementar esta normativa.
La iniciativa, que fue presentada inicialmente en 2024, ha logrado el respaldo de diversos bloques legislativos. Según datos de Argentinos por la Educación, la cobertura de la sala de cinco años está prácticamente universalizada, alcanzando niveles similares a los de otros países de la región. Sin embargo, la situación es diferente para la sala de tres años, donde solo el 58% de los niños accede a la educación formal, una cifra que sitúa a Argentina por debajo de sus vecinos Chile y Uruguay.
Las desigualdades en la asistencia escolar son notables: mientras que en las provincias de Buenos Aires y La Rioja más del 70% de los niños asiste a la educación inicial, en Corrientes, Misiones y Formosa esa cifra no supera el 30%. Además, el acceso a la educación es significativamente menor para los niños de sectores vulnerables, con solo un 41% de ellos asistiendo a la escuela, en comparación con un 71% en sectores medios.
A nivel regional, Uruguay se destaca con un 93% de cobertura en niños de entre tres y cinco años, mientras que Argentina se sitúa en un 83%, similar a Chile y Perú. La transición demográfica, caracterizada por una disminución en las tasas de natalidad, podría facilitar una mayor cobertura educativa, permitiendo que en 2027 se alcance un 100% de asistencia en el jardín de infantes.
La nueva legislación también busca consolidar una red unificada de educación inicial que integre diferentes modalidades, incluyendo Jardines Nucleados, Integrales y Comunes, para facilitar las trayectorias educativas de los niños. El Estado está obligado a garantizar el derecho de las familias a acceder a una vacante estatal desde los 45 días de vida, si así lo requieren.
Con esta norma, la Ciudad de Buenos Aires se convierte en la primera jurisdicción del país en asegurar vacantes para niños de tres años que las soliciten. La legisladora Manuela Thourte, impulsora del proyecto, ha destacado que esta medida busca lograr un acceso más temprano a la educación y reducir las desigualdades entre las distintas comunas de la ciudad.
El Poder Ejecutivo porteño será el encargado de garantizar las vacantes necesarias, lo que implicará una reorganización de la oferta educativa y la adecuación de la infraestructura existente. La obligatoriedad de esta nueva norma comenzará a aplicarse en 2027, dando un plazo de dos años para implementar las adecuaciones pertinentes y asegurar progresivamente la disponibilidad de jornadas dobles y modalidades de asistencia flexible.
A pesar de los avances en la cobertura del nivel inicial, es esencial seguir trabajando para que todos los niños, especialmente aquellos de hogares vulnerables, puedan acceder a la educación. Se espera que otras jurisdicciones del país adopten esta iniciativa sin demora.
Fuente: La Nación
