El Ministerio de Seguridad de Salta ordenó reforzar la aplicación de los protocolos de uso «racional de la fuerza» ante situaciones que pongan en peligro la vida de policías o de terceros, especialmente frente a personas con armas blancas. La instrucción fue impartida ayer a los 14 Distritos de Prevención de la provincia después de un episodio ocurrido en Tartagal, donde dos efectivos resultaron lesionados al intervenir ante un hombre que llevaba un cuchillo.
El ministro Nicolás Avellaneda también dispuso intensificar las capacitaciones obligatorias sobre estos procedimientos, que serán condicionantes para los ascensos en cualquier jerarquía. Además, anunció la actualización de los protocolos y el impulso a la adquisición de pistolas Taser o dispositivos disuasivos.
El jefe de Prensa de la Policía, Cristian Aguilera, explicó anoche a El Tribuno que las reglas de intervención ya forman parte de la preparación del personal. Según indicó, el nivel de fuerza que puede emplearse depende de la gravedad de la situación y del riesgo para la vida de quienes participan.
Cómo actuar
Aguilera detalló que la intervención contempla distintos niveles. El primero es la «advertencia verbal disuasiva»: el policía debe identificarse y dar instrucciones para que la persona cese su conducta. También se recurre a la persuasión para intentar controlar la situación.
El segundo nivel comprende la reducción física mediante técnicas de defensa personal. Ante una resistencia agresiva y la presencia de elementos con los que se pueda provocar daño, explicó, se contemplan otros recursos, como las tonfas y las marcadoras.
Luego ubicó el empleo de escopetas provistas por la institución con municiones disuasivas. El último nivel, señaló, corresponde al uso de fuerza potencialmente, con el arma reglamentaria y municiones, ante un peligro para la vida del policía o de terceros.
«Este nivel va avanzando de acuerdo a la gravedad de la situación», sostuvo. Aclaró que el efectivo debe evaluar el riesgo durante el procedimiento para determinar su respuesta.
El comunicado del Ministerio hizo especial referencia a los ataques a corta distancia. Según la instrucción difundida, ante una agresión a menos de siete metros, el funcionario policial deberá hacer un uso racional de la fuerza para lograr que cese el ataque.
El caso
El episodio que motivó las instrucciones ocurrió en el acceso a Tartagal, sobre la ruta nacional 34. Según informó Aguilera, a las 15.40 el Sistema de Emergencias 911 recibió avisos de transeúntes y de personas que trabajaban en una estación de servicio cercana.
Las alertas señalaban que un hombre llevaba un arma blanca, increpaba a quienes circulaban por el lugar y les exigía dinero. Primero intervino personal de Seguridad Vial, que solicitó apoyo al no poder controlar la situación. Luego llegaron efectivos del Departamento de Seguridad Urbana.
El hombre, de 36 años, fue reducido y trasladado a una dependencia policial. Durante el procedimiento, un efectivo sufrió lesiones cortantes en el brazo derecho y otro, politraumatismos. Aguilera indicó que ninguno de los dos presentó lesiones de gravedad.
Aunque en un primer tramo de la entrevista planteó que debía analizarse la actuación de los policías, el vocero precisó después, al repasar las imágenes, que observó el empleo de los distintos recursos previstos: advertencias verbales, intentos de reducción física, tonfas y un disparo disuasivo.
Aguilera informó que, una vez en la dependencia, se tomó conocimiento de que el hombre presentaba posibles padecimientos de salud mental. Tras consultar con la Asesoría de Incapaces, fue llevado al hospital Juan Domingo Perón para una evaluación y posteriormente derivado al hospital Miguel Ragone, en la capital. Según el vocero, se le atribuyen resistencia a la autoridad y lesiones.
Más capacitación
El Ministerio estableció que las medidas son de aplicación inmediata y que se intensificarán los cursos sobre intervención ante personas armadas. Aguilera remarcó que la capacitación sobre el uso de la fuerza ya se desarrolla en las instancias de perfeccionamiento y en actividades de unidades especiales.
Respecto de las pistolas Taser, la fuerza provincial todavía no cuenta con esos dispositivos. Su incorporación requerirá avanzar en un marco legal que establezca las condiciones de utilización, además de concretar la compra anunciada por Seguridad.
