Buenos Aires, primavera de 1851. Juan Manuel de Rosas gobierna, pero ya no es el Rosas en la cumbre plácida de su poder, sino un hombre que siente el cerco político y militar, cuando la historia está a punto de quebrarse y el silencio del campo empieza a oler a pólvora. El Palomar deja de ser solo una quinta arbolada para convertirse en la antesala del campo de batalla: campamentos cercanos, chasquis que llegan con partes urgentes, caballos ensillados y una quietud tensa antes de la tormenta.
Rosas tiene 58 años y todavía no imagina -o se niega a admitir- que su tiempo está por terminar. Después de su «Pronunciamiento», Urquiza ya ha cruzado el Paraná con el Ejército Grande; la alianza con Brasil y los orientales avanza, y en el aire flota la certeza de que la definición es inminente.
Un oficial me conduce hasta una habitación amplia, de mobiliario sobrio, donde un gran escritorio sostiene mapas, correspondencia y documentos oficiales. Allí está Juan Manuel de Rosas.
No encuentro al personaje inmóvil de los retratos escolares. Frente a mí se encuentra un hombre de complexión robusta, rostro severo y maneras deliberadamente ceremoniosas. Viste uniforme militar y lleva el cabello cuidadosamente peinado. Su mirada, penetrante y desconfiada, parece medir tanto las palabras como las intenciones de sus visitantes.
El Restaurador no se levanta inmediatamente. Termina de examinar un documento, deja la pluma sobre el escritorio y finalmente me observa.
—Me dicen que viene usted a formularme algunas preguntas.
—Así es, Excelencia. Vengo de una Argentina que todavía lo recuerda por haber defendido nuestra soberanía frente a dos imperios.
Una expresión de satisfacción apenas perceptible atraviesa su rostro.
—Celebro que la posteridad no haya olvidado los servicios prestados a la patria.
—No los ha olvidado, general. Pero tampoco ha olvidado otras cuestiones.
Rosas levanta la mirada.
—¿Qué cuestiones?
—Por ejemplo, por qué un hombre que se proclamó federal durante toda su vida nunca convocó al Congreso que debía organizar constitucionalmente la Confederación.
El Restaurador se incorpora lentamente en su sillón y una mueca de disgusto se dibuja en su rostro
—Veo que viene usted con preguntas propias de mis enemigos.
—No necesariamente, Brigadier General. Vengo con preguntas de la historia. Y la historia, a diferencia de sus adversarios, no puede ser enviada al destierro ni se la puede cercenar con un cuchillo. Analicemos una cuestión fundamental. El Pacto Federal del 4 de enero de 1831 contemplaba avanzar hacia un Congreso General Federativo para organizar el país. Han transcurrido veinte años y Usted jamás lo convocó. ¿Cómo explica que quien se proclama defensor del federalismo haya postergado indefinidamente la organización constitucional de la Confederación?
—Porque usted confunde, señor periodista, la voluntad de organizar una nación con la imprudencia de pretender hacerlo antes de que existan las condiciones necesarias. Las provincias acababan de atravesar guerras, enfrentamientos y desórdenes. ¿Qué Constitución podía surgir de una República donde todavía no se había consolidado la paz? Primero debíamos asegurar el orden, fortalecer las instituciones provinciales y acostumbrar a los pueblos al ejercicio del gobierno. Después vendría la organización general.
—Pero, Brigadier General, veinte años parecen un plazo bastante generoso para acostumbrar a los pueblos a gobernarse. ¿Quién debía determinar cuándo estaban preparados? ¿Las provincias soberanas o Usted?
—No he negado jamás la soberanía de las provincias. Esto lo expresé claramente en Carta de la Hacienda de Figueroa, que dirigí a Facundo Quiroga en diciembre de 1834. Siempre he sostenido que una Constitución impuesta prematuramente habría reproducido las desgracias que padecimos con los ensayos anteriores. No se construye una Confederación mediante declaraciones solemnes, sino sobre la realidad de sus pueblos.
—Sin embargo, mientras las provincias esperaban esa madurez política, Buenos Aires conservaba el control de la Aduana y de las principales rentas del comercio exterior. Permítame una sospecha, Brigadier General: ¿no sería que la organización constitucional podía terminar con un privilegio económico que Buenos Aires no estaba dispuesta a compartir?
La pregunta obviamente lo incomoda porque tocaba a sus propios intereses. Se remueve en su sillón y responde:
—Mire jovencito, Buenos Aires soporta las cargas de las relaciones exteriores, mantiene compromisos de la Confederación y ha debido afrontar guerras y bloqueos que comprometen a todas las provincias. Usted habla de privilegios sin considerar las obligaciones que los acompañan.
—Comprendo sus argumentos. Pero hay una cuestión que no consigue explicarme: si las provincias eran soberanas para enviar sus hombres a defender el Paraná frente a las escuadras extranjeras, ¿por qué no eran suficientemente soberanas para sentarse a redactar una Constitución?
Rosas guarda silencio. Se levanta y camina lentamente hacia la ventana. Afuera, el movimiento de los soldados recuerda que la guerra contra Urquiza se aproxima.
—Usted pretende juzgar la organización de la Confederación como si todas las provincias dispusieran de gobiernos regularmente constituidos, administraciones eficientes y hombres preparados para conducir los asuntos públicos. ¡Nada más alejado de la realidad, señor periodista! Muchas de esas provincias todavía se disputan sus límites, se desangran en querellas domésticas y están gobernadas por caudillos que conocen mejor el manejo de la lanza que los principios de la administración pública. ¿Pretendía usted que Buenos Aires entregara las rentas de su Aduana a gobiernos que apenas podían sostener sus propias instituciones? Primero había que organizar a las provincias, establecer el orden y formar hombres capaces de administrar los recursos. Después podríamos hablar de distribuirlos.
—Pero, permítame señalarle una contradicción. Usted sostiene que las provincias no estaban preparadas para administrar los recursos de la Confederación. Sin embargo, esas mismas provincias debían aportar hombres, caballos y sangre para defenderla. ¿Eran suficientemente maduras para morir por la patria, pero demasiado ignorantes para participar de sus rentas? Le repito este concepto porque ese pensamiento sigue vigente en el tiempo de donde vengo.
—¡No tergiverse mis palabras! Una cosa es el deber de defender el territorio común y otra muy distinta confiar los caudales públicos a administraciones que todavía no han demostrado capacidad para gobernarse.
—Entonces, según su razonamiento, Buenos Aires debía conservar el dinero hasta que las provincias aprendieran a administrarlo. ¿Y quién debía enseñarles, general? ¿Buenos Aires, precisamente la provincia que más se beneficiaba de que las otras continuaran dependiendo de ella?
Rosas golpea suavemente el escritorio con los dedos. Su expresión se endurece.
—Usted parece olvidar que gobernar no consiste en repartir lo que se tiene, sino en conservar aquello que permite sostener el orden.
—Brigadier General, permítame una reflexión. Su razonamiento encierra una contradicción que, me temo, tendrá consecuencias mucho más allá de su tiempo. Usted sostiene que las provincias no están preparadas para administrar sus recursos y, por esa razón, Buenos Aires debe conservarlos. Pero al privarlas de esos recursos también les impide desarrollar las instituciones que Usted les exige. Es un círculo vicioso: no les entrega los medios porque carecen de organización y nunca podrán organizarse porque Usted les retiene los medios. ¿No advierte que, bajo el nombre del federalismo, está construyendo un sistema de dependencia económica y subordinación política?
—Usted confunde la autoridad necesaria para preservar la Confederación con una pretendida subordinación de las provincias. Buenos Aires no ha creado las dificultades que aquejan al interior. Las guerras civiles, la pobreza de sus erarios y las disputas entre sus caudillos son anteriores a mi gobierno. No puede exigírseme que resuelva mediante una distribución imprudente de recursos lo que las provincias no han conseguido solucionar mediante sus propias instituciones.
—Sin embargo, Usted está sentando las bases de una relación que sobrevivirá a su gobierno. Las provincias terminarán dependiendo de los recursos que se recauden y distribuyan desde el poder central. Cambiarán los gobiernos, tendremos una Constitución y hasta ese régimen llamado coparticipación federal, pero continuará la disputa por quién recauda, quién reparte y quién debe pedir. Usted podrá perder el poder, general, pero temo que su concepción del federalismo sobrevivirá a su tiempo histórico.
—No puedo responder por los errores que cometan los gobernantes del porvenir, señor periodista. Si después de mí las provincias continúan dependiendo de Buenos Aires, será responsabilidad de quienes no hayan sabido construir una organización mejor. Eso será resultado de la falta de organización y capacidad de esos gobernadores.
—Entonces, permítame concluir con una inquietud: ¿no será que nuestro federalismo nació proclamando la igualdad política de las provincias, pero consagrando su desigualdad económica? Porque si una provincia necesita pedir permiso para disponer de los recursos indispensables para gobernarse, su autonomía termina siendo una ficción jurídica.
Rosas permanece unos instantes en silencio. Luego acomoda unos papeles sobre el escritorio. Levanta su mirada y observa:
—Una Confederación no se sostiene solamente con buenas intenciones, señor periodista.
—Ni un federalismo con provincias económicamente sometidas, Brigadier General. Porque Usted me habla permanentemente de orden, pero todavía no hemos hablado de libertad. ¿Qué lugar ocupa la libertad de los ciudadanos en un sistema donde el gobernador exige adhesión política y castiga la disidencia?
Rosas siente la estocada. La pregunta esconde una acusación velada de tiranía. Pero guarda la compostura a pesar del desagrado que le causa la observación.
«Gobernar no consiste en repartir lo que se tiene, sino en conservar aquello que permite sostener el orden».
—¡Ah, señor periodista! Finalmente llegamos al verdadero propósito de su visita. Usted ha venido a llamarme tirano, aunque todavía no se atreva a pronunciar la palabra. Dígame, ¿de qué libertad me habla? ¿De aquella que permitió a los unitarios ensangrentar a las provincias? ¿De la libertad de conspirar contra los gobiernos legítimos, promover revoluciones y solicitar la intervención de potencias extranjeras? ¡Eso no es libertad, señor mío! ¡Eso es anarquía!
— Brigadier General, convendrá conmigo en que existe una diferencia entre combatir una insurrección y perseguir a un ciudadano por sus ideas. ¿Acaso la discrepancia política constituye un delito?
—En tiempos de paz, las opiniones pueden discutirse en los salones. Pero cuando la patria se encuentra amenazada, las palabras también pueden convertirse en armas. Yo no he recibido el gobierno de una nación pacificada, sino de provincias desgarradas por las facciones. Y si he debido ejercer facultades extraordinarias, ha sido porque extraordinarias eran las circunstancias.
—Sin embargo, la suma del poder público que le fue conferida en 1835 terminó concentrando en su persona facultades que deberían corresponder a instituciones diferentes. ¿Dónde termina la autoridad legítima y dónde comienza el despotismo?
—La autoridad legítima termina donde desaparece la responsabilidad de quien la ejerce. Yo respondo por mis actos ante Dios, ante mis compatriotas y ante la historia. Pero no aceptaré lecciones de libertad de quienes, invocándola, pretendieron destruir el orden de la Confederación.
Para esa altura de la conversación la tensión en el ambiente era evidente. Hundir más el estilete podría haber causado que ingresaran dos mazorqueros en busca de mi cabeza.
«Cuando la patria se encuentra amenazada, las palabras también pueden convertirse en armas.»
—Permítame entonces, señor Brigadier General, una última observación. Usted sostiene que ha debido restringir las libertades para preservar el orden. Pero lleva más de veinte años gobernando y todavía considera que las circunstancias son extraordinarias. ¿No será, general, que la excepción se ha convertido en su forma habitual de gobierno?
Rosas deja lentamente la pluma sobre el escritorio. Su mirada se endurece.
—Tenga usted cuidado, señor periodista. Hay una diferencia entre interrogar a un gobernante y pretender juzgarlo desde la comodidad de un escritorio. Más todavía cuando me confiesa que viene un tiempo postrer donde los que gobiernan me celebran como un defensor de la soberanía pero me acusan de totalitario.
— Comprendo perfectamente su punto. Aunque debo confesarle que en mi tiempo hemos aprendido a desconfiar de los gobernantes que, a pesar de vivir para entonces en un sistema democrático, todavía consideran peligrosa cualquier pregunta que no saben responder.
Juan Manuel de Rosas, me tiende su mano en gesto de despedida y hace un gesto desde su ventana. Al punto, un marzoquero, lanza en mano, me acompaña hasta los límites de la estancia. Hay que comprender al hombre en su tiempo, pero en ese momento me vienen a la cabeza aquellas palabras de su archienemigo, Domingo Faustino Sarmiento cuando dijo: «¡Cuidado, pues. Porque esos males los llevamos en la sangre!».-







