En un giro inesperado, el Gobierno ha implementado una conciliación obligatoria que ha evitado un paro nacional previsto por la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (Urgara), acción que podría haber afectado las operaciones de exportación en los puertos del país. La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) ha manifestado su intención de continuar las negociaciones y ha defendido su propuesta salarial ante el sindicato.
A través de un comunicado, la CPPC destacó su vocación de diálogo constante y su llamado a la responsabilidad institucional para resguardar la paz social y asegurar la continuidad de las operaciones portuarias. Sin embargo, Urgara ha dejado claro que su reclamo permanece intacto, citando pérdidas acumuladas en los meses previos y afirmando que la actividad portuaria sigue en niveles récord.
El paro anunciado por Urgara estaba programado para comenzar a las 22 horas, pero la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que obligó a retroceder en el conflicto y convocar a una audiencia virtual para el 25 de agosto. La CPPC reafirmó su postura, argumentando que ha intentado mantener el poder adquisitivo de los trabajadores durante las negociaciones salariales que abarcan el periodo de enero a diciembre.
Las negociaciones incluyen una propuesta final que contempla un incremento del 16% sobre los salarios básicos de febrero, con el objetivo de que la suba acumulada anualizada alcance un 31,99% para fin de año, lo que excede las proyecciones de inflación oficial. También se ha ofrecido una asignación extraordinaria no remunerativa y una cláusula de revisión paritaria para ajustar el acuerdo en función de la inflación.
Pese a estos esfuerzos, la CPPC ha señalado que las posiciones siguen distantes, ya que Urgara exige un incremento del 35,5%, cifra que, según la Cámara, podría tener un impacto negativo en la estructura salarial futura de las empresas. Además, la CPPC ha aceptado una alternativa de la autoridad laboral para intentar resolver el conflicto, que fue rechazada por el gremio.
La cámara ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de un paro en la actividad portuaria, que podría afectar gravemente el comercio exterior en un momento crítico para la economía. Como respuesta, ha solicitado formalmente la intervención del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo para encauzar el conflicto bajo la Ley de conciliación obligatoria.
Fuente: La Nación
