La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un capítulo que añade presión sobre su ya debilitada estabilidad en el Gobierno. De acuerdo con datos publicados por el diario LA NACION, la Justicia identificó una compra en efectivo superior a los 8 millones de pesos destinada a la adquisición de tres sommiers, sábanas y almohadas de alta gama. Aunque la facturación formal del gasto no se realizó a nombre del jefe de Gabinete, el seguimiento logístico reveló que el mobiliario fue trasladado directamente hacia su propiedad en el exclusivo country club Indio Cuá, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
La maniobra salió a la luz de manera indirecta, a partir del peritaje tecnológico ordenado sobre el teléfono celular de Matías Tabar, un contratista que prestaba servicios de refacción e infraestructura y cuyo testimonio y registros se han vuelto un eje central del expediente. Al examinar las comunicaciones de Tabar, los investigadores encontraron el rastro de la transacción y los detalles del despacho de la mercadería hacia el barrio cerrado. Para los encargados de la pesquisa, el uso de una tercera persona para registrar los comprobantes fiscales y el pago con fajos de billetes en efectivo representan un patrón de ocultamiento compatible con las sospechas que motorizan la causa.
El nombre que figura en los papeles comerciales pertenece a una empleada que cumple funciones dentro de la estructura formal del Estado nacional. La hipótesis del juzgado apunta a que se habría utilizado la identidad de esta subalterna con el objetivo de evitar que el incremento de los gastos de consumo personal de Adorni impacte directamente en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. Este nuevo hallazgo refuerza la línea investigativa original, que se centra en inconsistencias financieras previas y supuestas inversiones no declaradas en el mercado de activos digitales.
La revelación de este circuito informal de pagos y entregas de bienes de valor debilita los intentos de contención política que la Casa Rosada ensayó en el Senado, donde el oficialismo recurrió a reformas de procedimiento para postergar su citación al recinto. Mientras el peronismo utiliza estos elementos para justificar su reclamo de censura, la aparición de pruebas documentales que vinculan de manera directa la logística del country de Indio Cuá con fondos de origen dudoso acorta los márgenes de maniobra de los bloques dialoguistas, que observan el avance del expediente penal como un obstáculo insalvable para sostener la continuidad del ministro en su cargo.
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