Una sindicalista compró el departamento debajo de Cristina Kirchner y piden que se investigue si fue con fondos de la UOM

La defensa de tres sindicalistas opositores a la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pidió allanar el departamento ubicado debajo de la propiedad de Cristina Kirchner, en San José 1111, para investigar el origen de los fondos utilizados en su adquisición y determinar si podrían estar vinculados con una presunta defraudación en el gremio.
El pedido fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini, quien investiga una denuncia contra María Soledad Calle y Abel Furlán por los presuntos delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
La presentación fue realizada por el abogado Yamil Castro Bianchi, representante de los gremialistas Ángel Derosso y Gerardo Piva, quienes se presentaron como querellantes y son opositores a Furlán.
Qué busca determinar la Justicia
Los querellantes solicitaron profundizar la investigación sobre el origen del dinero utilizado para comprar el inmueble.
Piden allanar el departamento debajo de Cristina Kirchner por una investigación sobre fondos de la UOM.
En concreto, plantearon que se analice como hipótesis si fondos que eventualmente pudieran provenir de las maniobras investigadas fueron destinados posteriormente a la adquisición, administración o incorporación de bienes al patrimonio de Calle.
La presentación busca establecer si existe una conexión entre la compra del departamento y el manejo de fondos de la UOM.
El contrato que puso a Calle bajo investigación
La causa se centra, entre otros aspectos, en un contrato firmado en febrero de 2023 mediante el cual la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM) quedó a cargo de administrar parte de los fondos de la UOM.
Calle ocupa el cargo de vicepresidenta de USEM.
A partir de ese acuerdo, la empresa retuvo el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM. Según la denuncia, el negocio habría generado ingresos de alrededor de $100 millones mensuales.
Otro de los puntos que llamó la atención de los denunciantes fue que Calle figuraba en la nómina de empleados de la UOM y, al mismo tiempo, actuaba como representante del sindicato ante organismos internacionales.
La documentación que ya está en el expediente
Desde el inicio de la investigación, el juez Julián Ercolini solicitó documentación a distintos organismos oficiales.
Como resultado, se incorporaron al expediente los libros contables de la empresa, además de registros bancarios con los movimientos correspondientes a los últimos dos años.
Piden allanar el departamento debajo de Cristina Kirchner por una investigación sobre fondos de la UOM.
La nueva presentación busca ampliar esas medidas sobre el patrimonio de Calle y, particularmente, sobre la compra del inmueble de San José 1111.
El crecimiento del patrimonio de María Soledad Calle
Los denunciantes sostienen que el patrimonio de Calle registró un incremento significativo después de la firma del contrato con la UOM.
Entre las operaciones señaladas figura la adquisición, en agosto de 2025, del 50% de un BMW M135 XDrive, valuado en US$70.000, de acuerdo con documentación oficial.
También aparece la compra del departamento ubicado en el primer piso de San José 1111.
Cuánto pagó por el departamento
El abogado Yamil Castro Bianchi aportó documentación oficial vinculada con la operación.
Según el informe de dominio incorporado a la causa, la propiedad fue adquirida por US$189.000.
Ahora, los querellantes buscan que se avance sobre el inmueble para determinar el origen de los fondos utilizados en la operación y establecer si existe alguna relación con los hechos investigados en la UOM.
La respuesta de Calle
Calle rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una disputa interna dentro del sindicalismo.
En declaraciones al diario La Nación, afirmó: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder”.
También negó ocupar los cargos que se le atribuyen y aseguró: “No tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM”.
Sin embargo, de acuerdo con la documentación incorporada al expediente, tanto la compra del inmueble como su condición de empleada de la UOM y su función en USEM quedaron registradas oficialmente.
La investigación deberá determinar ahora si existe algún vínculo entre esas operaciones patrimoniales y los fondos involucrados en el contrato que dio origen a la denuncia contra la conducción sindical.
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