Tras seis años de atropello territorial, denuncias viles, hostigamiento de fuerzas extranjeras e indigno acorralamiento con indignas órdenes de detención libradas por magistrados del sur de Bolivia, el pueblo aba guaraní de Churqui celebra en las selváticas serranías occidentales de General Mosconi la caída de un insólito juicio que tenía a ocho miembros de esa comunidad originaria sentados en un banquillo de la Justicia de Tarija.
Quién mejor que la cacique Natalí Vásquez, una de las imputadas de ese desnaturalizado proceso penal, para entender por qué ayer, después de tantos desvelos, pudo abrazar a sus pequeños hijos con la tranquilidad de que nunca más deberá dejarlos solos, a metros de una laguna infestada de caimanes, para salir a «pescar» conectividad en el río y defenderse por videoconferencia.
«Fueron muchos años de angustia e impotencia, pero al fin la verdad quedó a vista de todos», remarcó Natalí, luego de que la jueza Minerva Tárraga Gutiérrez declarara su incompetencia para juzgar a ciudadanos argentinos por daños y turbaciones denunciados en suelos argentinos.
«Por las pruebas que pudo presentar la doctora Ruth Delia Durán, con las certificaciones que pidió la jueza para recibirlas, ya no queda ninguna duda de que quienes deberían ser enjuiciados son los que avanzaron sobre nuestro territorio con plantaciones ilegales, alambrados y violentos atropellos». La cacique de Churqui se refirió en esos términos a los cañeros bermejeños que hace 20 años, en la desprotegida banda fronteriza del río Grande de Tarija, empezaron a avanzar sobre suelos de Salta.
Hoy, esa violación de la soberanía territorial de Argentina, en una lonja fronteriza de 86 kilómetros y 14 catastros del departamento San Martín que resumen una superficie siete veces mayor que la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se refleja en cerca de 2.000 hectáreas invadidas, deforestadas con absoluta impunidad y convertidas en plantaciones desde las que se cruzan en abierto contrabando a un ingenio de Bermejo unas 70.000 toneladas de caña de azúcar en cada zafra.
Las usurpaciones afectan, entre otras fracciones, a los suelos ancestrales de la comunidad de Churqui, donde niños, jóvenes, mujeres y hombres que intentan defender su territorio son corridos con machetes y amenazados con armas de fuego. Una de las cabezas de esos violentos avances es Horacio Cruz Castro, líder de los cañeros bermejeños, que motorizó con una denuncia presentada en 2020 ante fiscales tarijeños el inaudito proceso penal por «daños calificados» que acaba de derrumbarse.
Y en ello mucho tuvo que ver el tesón con el que Ruth Delia Durán, abogada de Tarija, defendió a los aba guaraníes de Churqui y logró que tanto la Cancillería como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia certificaran contundente documentación probatoria. En esos dictamenes, de los que diera cuenta El Tribuno en más de un informe periodístico publicado desde 2024, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y el INRA ratificaron que la «Isla Valle Dorado», propiedad en la que se arroga derechos Cruz Castro, «no existe» como tal en suelos tarijeños y que las coordenadas que movieron la acusación fiscal «se corresponden con territorio argentino».
Invadidos y acorralados
«Por defender nuestro territorio, hemos sido perseguidos y hasta privados con injustas órdenes de detención de poder acceder a alimentos y a atención médica en hospitales, porque nuestra única salida es por Bolivia», remarcó Natalí Vásquez.
Aunque la intransitabilidad de la ruta provincial 144 sigue obligando a pobladores originarios, agentes sanitarios y docentes a realizar rodeos por caminos del vecino país, la cacique de Churqui remarcó que «hoy es un día de celebración en nuestra comunidad, y también de agradecimientos». En ellos, la cacique de Churquií incluyó a la directora de Control y Vigilancia de Fronteras e Hidrovías del Ministerio de Seguridad de la Nación, Virginia Cornejo; al diputado nacional Julio Moreno, quién también movió intervenciones de la Cancillería argentina; a la cónsul en Tarija, María Luz Melon; a Roxana Gauna, concejal de General Mosconi (ambas presentes en la audiencia) y a Miguel Casimiro, abogado del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que acompañó vía Zoom a las tres mujeres y los cinco hombres de la comunidad originaria de Churqui enjuiciados por defender su tierra ancestral.
Con la declaración de su incompetencia, la jueza Tárraga Gutiérrez suspendió un proceso penal que estuvo solo a un paso de avalar una violación de soberanía y sumergir a Bolivia y Argentina en un grave conflicto diplomático.
«Se abre una nueva etapa de trabajo»
«A partir de ahora se abre una nueva etapa de trabajo y coordinación. Se ha articulado un apoyo decidido desde los organismos nacionales para cuidar y proteger a los ciudadanos argentinos que viven en las fronteras del río Tarija, garantizar su seguridad y acompañar sus reclamos. Esta tarea debe continuar con una decisión clara», puntualizó la directora nacional de Control y Vigilancia de Fronteras, Virginia Cornejo.
En la misma línea, el diputado nacional Julio Moreno remarcó: «Es un conflicto que lleva años y no termina con la resolución de la Justicia de Tarija: tenemos que acabar con el contrabando y afianzar nuestros compromisos de soberanía en nuestro territorio».
