Bolsonaro busca ampliar sus apoyos y Lula lleva la reducción de la jornada laboral al centro del balotaje

Flavio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva reorganizan sus campañas para el balotaje presidencial del 25 de octubre en Brasil. Después de una primera vuelta en la que el candidato del Partido Liberal obtuvo 47,03% de los votos, frente al 45,16% del presidente, ambos buscan sumar electores y fortalecer sus alianzas.
El senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro avanzó con nuevos respaldos políticos y contactos con el Supremo Tribunal Federal (STF). Lula, por su parte, lanzó publicidades que vinculan una eventual victoria opositora con la pérdida de beneficios sociales y puso el foco en la reducción de la jornada laboral sin recorte salarial.
Los apoyos que busca sumar Flavio Bolsonaro
En Goiania, capital del estado de Goiás, Flavio recibió el respaldo del exgobernador Ronaldo Caiado, quien terminó quinto en la primera vuelta con 2,6 millones de votos. La adhesión se suma a la del exgobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, que ya había anunciado su voto por el candidato del PL.
“Voy a entrar en la campaña de cabeza”, aseguró Caiado durante el encuentro. Su incorporación se produjo apenas tres semanas después de haber cuestionado al senador y de haberlo incluido entre los “mayores asaltantes de Brasil”.
La campaña opositora también busca acuerdos con Progresistas y Republicanos, dos fuerzas del Centrão. Las negociaciones quedaron a cargo del senador Rogério Marinho, coordinador de la campaña, quien contactó a los presidentes de ambos partidos, Ciro Nogueira y Marcos Pereira.
Un acercamiento a la Corte con advertencias
Marinho mantuvo una reunión privada con Edson Fachin, presidente del Supremo Tribunal Federal, para transmitir que una eventual administración de Flavio Bolsonaro buscaría normalizar la relación entre los poderes.
“Vamos a cumplir la Constitución y la ley. No tenemos espíritu de vendetta. Al contrario, queremos reconstruir el país y normalizar la relación entre los poderes”, afirmó al salir del encuentro.
Sin embargo, el senador aclaró que esa posición no impediría impulsar un juicio político contra un magistrado si se le atribuyera un delito de responsabilidad. También acusó a Flávio Dino y Alexandre de Moraes de intervenir en asuntos electorales con un “sesgo político evidente”.
La reunión coincidió con la autorización de Moraes para que Débora Rodrigues dos Santos, condenada por su participación en los ataques del 8 de enero de 2023, pasara al régimen semiabierto. La resolución reconoció 212 días de reducción de pena y contó con el aval de la Procuración General.
Marinho cuestionó la condena y evitó interpretar la medida como una señal de acercamiento después de las elecciones. También reprochó a Moraes su actuación respecto de la ley que reduce las penas de los condenados por aquellos ataques.
Lula apunta a los beneficios sociales y cuestiona a su rival
Tras quedar segundo en la primera vuelta, Lula reunió a sus aliados en Brasilia para revisar la estrategia electoral. Las primeras publicidades de esta etapa presentan los programas sociales, los aumentos del salario mínimo y los ajustes jubilatorios como medidas que podrían quedar en riesgo bajo un gobierno opositor.
Una de las piezas incorpora el fin de la escala “6×1”, que establece seis días de trabajo y uno de descanso, entre las iniciativas que el oficialismo busca defender. “No dejes que nadie se lleve lo que conquistaste”, plantea el mensaje.
Otros anuncios apuntan al recorte del gasto público que propone Flavio Bolsonaro y lo relacionan con decisiones tomadas durante la presidencia de su padre, como las reducciones en el programa Farmacia Popular.
El PT busca así aumentar el rechazo al candidato opositor. En el último relevamiento de Datafolha previo a la primera vuelta, ambos postulantes registraban un 45% de electores que aseguraban que no los votarían de ninguna manera.
Lula también elevó sus cuestionamientos al Supremo y defendió una reforma judicial, mientras el oficialismo intenta despegar al gobierno del desgaste del tribunal por el escándalo del Banco Master.
La jornada laboral se convierte en una disputa electoral
El Senado abrió el debate de la enmienda constitucional que propone reducir de 44 a 40 horas la jornada máxima semanal, garantizar dos días de descanso y mantener los salarios.
La iniciativa ya fue aprobada por Diputados y por la comisión de Constitución del Senado. Para avanzar en el recinto necesita cinco sesiones de discusión y el respaldo de 49 de los 81 senadores en dos votaciones.
El PT calcula realizar la primera votación el 15 de octubre y la definitiva el 22, apenas tres días antes del balotaje. La oposición trabaja para frenar su aprobación y cuestiona el momento elegido para tratar la reforma.
Marinho sostuvo que su sector acepta discutir una reducción de la jornada, pero advirtió sobre posibles efectos en la inflación y la informalidad laboral. Al cuestionar el calendario impulsado por el oficialismo, planteó: “El PT lleva 18 años gobernando el país. ¿Por qué ahora?”.