El Gobierno nacional selló el destino operativo definitivo de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse al confirmar el despido de la totalidad de los trabajadores contratados y el pase a disponibilidad del personal de planta permanente. La medida oficializa el desmantelamiento de ambos complejos hoteleros estatales y afecta de manera directa a 101 trabajadores (58 en la costa bonaerense y 43 en la provincia de Córdoba).
La resolución oficial modificó de forma drástica el escenario de incertidumbre que reinaba en los predios, transformando las sospechas sindicales en desvinculaciones concretas bajo dos modalidades contractuales bien diferenciadas.
DESPIDOS DIRECTOS Y PASES A DISPONIBILIDAD
Por un lado, las autoridades ejecutaron la desvinculación inmediata de todos los empleados contratados. Tan solo en Embalse, esta determinación dejó sin funciones a 15 personas que dependían directamente de la Secretaría de Turismo.
Por otro lado, unos 60 empleados de Chapadmalal y 30 de Embalse que integraban la planta permanente ingresaron a una situación de disponibilidad por un plazo máximo de 12 meses. Durante este período, el Estado intentará reubicarlos en otras dependencias públicas. En caso de no lograrlo, quedarán desvinculados de forma definitiva y percibirán la indemnización correspondiente por ley.
ULTIMÁTUM Y AMENAZA DE DESALOJO
El conflicto habitacional profundiza la gravedad de la crisis en el complejo de la costa atlántica. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) intimó a unas 30 familias de trabajadores que residen históricamente dentro del predio para que abandonen las viviendas en un plazo máximo de 10 días. Las autoridades advirtieron que recurrirán a la fuerza pública si no desalojan las instalaciones de manera voluntaria.
La parálisis total de estos gigantes del turismo social consolida un proceso de vaciamiento que comenzó tras la temporada de verano de 2025, cuando se suspendieron los servicios hoteleros para derivar al personal exclusivamente a tareas de mantenimiento básico con partidas presupuestarias mínimas.
