Docentes van al paro por violencia contra maestros y profesores en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires se prepara para una nueva jornada de parálisis educativa. El Frente Gremial Docente —integrado por Suteba, FEB, Udocba y Amet— convocó a un cese de actividades para este jueves que impactará de lleno en los casi 12.000 establecimientos estatales del territorio bonaerense, afectando a cerca de tres millones de alumnos. Oficialmente, la huelga se enmarca bajo la consigna de exigir un freno definitivo a las agresiones contra los trabajadores de la educación, pero la medida expone un trasfondo de fuerte tensión económica y política con la administración de Axel Kicillof.
La protesta se desata en un escenario de marcada tirantez salarial. La semana pasada, la gestión provincial reabrió la mesa paritaria en cumplimiento del acuerdo sellado en julio —que contemplaba una suba acumulada del 7% y una revisión en septiembre—, pero el encuentro concluyó sin una oferta de mejora para los bolsillos de los maestros. Desde organizaciones gremiales como la FEB advirtieron que los plazos se agotan y que urge una recomposición inmediata frente a la inflación, lo que transformó el malestar económico en un factor ineludible detrás de la convocatoria al paro.
Curiosamente, la medida de fuerza llega apenas horas después de que la Legislatura bonaerense sancionara una ley orientada a endurecer las penas contra quienes hostiguen, maltraten o agredan a docentes, personal médico y agentes de servicios esenciales. Si bien los sindicatos valoran el marco normativo, sostienen que es vital visibilizar la realidad cotidiana de las aulas y exigir respuestas concretas en materia de prevención y abordaje institucional de la violencia.
El conflicto en el distrito más poblado del país no se detiene en el sector educativo. En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro y movilización para el próximo 7 de octubre hacia la Legislatura provincial para exigir el pase a planta permanente de los contratados de la administración pública. A este combo de reclomos locales se le suman las tensiones con el Gobierno nacional por el financiamiento universitario y los recortes presupuestarios, configurando un octubre caliente en el frente sindical argentino.
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