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La Cancillería calificó la medida como una “acusación inadmisible” y exigió a Teherán que coopere con la Justicia argentina por los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. La decisión iraní se produjo como respuesta a la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista por parte del gobierno de Javier Milei.
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