El Senado santafesino sancionó por unanimidad la ley de salud mental en el trabajo

En 2008 la provincia de Santa Fe adoptó por ley la creación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo en todos los ámbitos laborales del territorio provincial y fue la primera en sancionar una norma que favorece la creación de esos espacios definidos como mixtos en términos laborales (no de género).
Tanto tienen representantes los empleados, como los empleadores; los trabajadores y los empresarios.
Hoy, tras la ley que aprobó el jueves 17 la Cámara de Senadores, la provincia será también la primera en ocuparse de la salud mental en el trabajo. Se sancionó una norma nacida en Diputados, cuya autora es la radical Silvana Di Stéfano, que fue unificada con otra de su par Ariel Bermúdez.
Plantea incorporar de manera explícita la prevención de riesgos psicosociales y consumos problemáticos en la Ley 12.913 de Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo.
El proyecto propone ampliar el alcance de los comités para que no solo atiendan los riesgos físicos tradicionales, sino también los factores emocionales, sociales y hasta conductuales que afectan a los trabajadores.
La presidenta del bloque de la UCR entiende que «es en el trabajo donde las personas desarrollan gran parte de su vida» y que «cuidar la salud mental y prevenir el estrés, la violencia y los consumos problemáticos no solo mejora la calidad de vida, sino también la productividad y el clima laboral».
Entre las modificaciones centrales, el texto establece la obligación de que los Comités de Salud y Seguridad elaboren protocolos de promoción de la salud mental, así como de prevención, intervención y vigilancia de consumos problemáticos, todo con la participación de equipos interdisciplinarios.
La diputada provincial Silvana Di Stefano impulsó una norma que da a los delegados de los trabajadores condiciones para debatir con las empresas sobre la salud mental en los Comités Mixtos, de cada lugar de trabajo público y privado. Crédito: Flavio Raina.
La actualización también amplía el funcionamiento de los comités a empresas y organismos públicos con más de 50 trabajadores, incorporando herramientas para detectar, controlar y comunicar riesgos.
Se busca dar «un paso más en la protección integral de los trabajadores. La salud mental debe estar en el centro de las políticas laborales si queremos entornos más humanos, empáticos y sostenibles», agregó Di Stefano.
Como en otros campos que ya abordan los comités mixtos creados por la Ley 12.913, para su funcionamiento es vital que haya trabajadores con la necesaria organización interna para elegir delegados con ese fin. La norma establece que aún donde no existan delegados gremiales podrán ser electos otros empleados como representantes para cuidar la salud y la seguridad.
En su fundamentación, el proyecto remarca la necesidad de fomentar un clima de cooperación entre empleadores y trabajadores, prevenir riesgos laborales emergentes y promover condiciones ambientales saludables, en línea con los nuevos desafíos del mundo laboral.
En detalle
Un artículo se encarga de la obligatoriedad de la conformación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad tanto en organizaciones privadas como públicas.
La modificación aprobada clarifica y ajusta las excepciones (como los umbrales de cantidad de trabajadores en relación de dependencia o el personal voluntario), asegurando que las pautas de bienestar psicológico y físico cubran de forma efectiva a los diferentes sectores laborales radicados en la provincia.
Se agregan nuevas competencias a los comités mixtos, orientadas de manera explícita a la salud mental, en la identificación y evaluación de factores de riesgo psicosocial en los entornos de trabajo, diseño y promoción de políticas internas de prevención frente al acoso, el estrés laboral y el desgaste profesional (burnout).
También, para el abordaje y asistencia integral ante situaciones vinculadas a consumos problemáticos que repercutan o tengan impacto directo en el ámbito laboral.
Y del mismo modo, «se modifica la redacción para precisar los mecanismos de denuncia y acción», es decir que «permite que cualquiera de los representantes del Comité recurra directamente ante la autoridad de aplicación (el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe) si las medidas o medios dispuestos por el empleador resultan insuficientes para garantizar un ambiente saludable».
Asimismo, faculta a la autoridad a ordenar la paralización inmediata de tareas si se constata un riesgo grave e inminente para la salud integral (física o psíquica) de los trabajadores.