La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina abrió un capítulo de alta confrontación institucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Luego de que la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictara una medida cautelar que frena por 60 días la aplicación de la ley nacional que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, La Libertad Avanza (LLA) confirmó que solicitará el juicio político contra la magistrada.
La reacción del bloque oficialista nacional en el territorio bonaerense fue encabezada por el armador político y dirigente Sebastián Pareja, quien acusó a la jueza de alinearse con los intereses de la política provincial para obstaculizar una norma debatida y aprobada por el Congreso de la Nación. Desde el espacio libertario sostuvieron que la decisión judicial «atenta contra una ley sancionada democráticamente» y argumentaron que el fallo consolida un escenario de desprotección para las víctimas de delitos perpetrados por menores de edad.
Los fundamentos del fallo y el reclamo por las condiciones de encierro
La resolución de la magistrada Pascual —exministra de Familia y Desarrollo Humano bonaerense durante la gestión de Eduardo Duhalde— se produjo apenas 48 horas después de la puesta en marcha de la Ley 27.801. El fallo dio lugar a un habeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, entidad presidida por el sacerdote José María «Pepe» Di Paola, en representación de adolescentes en situación de vulnerabilidad y privación de la libertad.
Entre los argumentos centrales de la suspensión, la jueza remarcó que el Estado no garantiza las condiciones materiales, edilicias e institucionales básicas para la contención y rehabilitación de los jóvenes en el marco de la nueva escala penal. Tomando como base inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora y reportes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, el juzgado identificó fallas persistentes en el acceso a la educación, la capacitación laboral y los estándares de habitabilidad, concluyendo que la aplicación inmediata del régimen generaría una violación de derechos fundamentales amparados por convenios internacionales.
Cruces políticos y la fijación de audiencias clave
El enfrentamiento escaló rápidamente a la legislatura bonaerense. Referentes libertarios como el senador provincial Carlos Curestis y el diputado Juan Osaba calificaron la sentencia como un «fallo político» que responde a criterios garantistas en perjuicio de la seguridad ciudadana. La postura crítica cruzó también a otros sectores de la oposición provincial, donde dirigentes alineados con el combate al delito cuestionaron el freno a la baja de la imputabilidad.
Para determinar el curso del conflicto, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 resolvió convocar a una audiencia multipropósito para el próximo 16 de septiembre. En esa instancia, las autoridades del Poder Ejecutivo bonaerense deberán presentar los planes de contingencia y los informes sobre la infraestructura disponible para responder a las exigencias normativas del nuevo régimen sancionado por el Parlamento.
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