La reforma de la Carta Orgánica de la ciudad de Salta tiene previsto llegar mañana al recinto de Diputados, después de que las modificaciones introducidas por el Senado provocaran el rechazo de La Libertad Avanza. El proyecto figura en el acta de labor parlamentaria, pero su tratamiento dependerá de los dictámenes de comisión.
La iniciativa modifica la Ley 6.534, que organiza el funcionamiento institucional del municipio. El Senado la aprobó el 29 de octubre, con la disidencia del senador libertario Roque Cornejo, y la remitió en revisión a la Cámara Baja. La Carta tiene un amplio peso libertario, ya que fueron mayoría en la Convención.
El conflicto por las modificaciones
El enfrentamiento se concentra en el alcance de la intervención legislativa sobre lo aprobado por la Convención Municipal. La mayoría del Senado defendió los cambios como un control de compatibilidad constitucional. El miembro informante, Dani Nolasco, sostuvo que «la autonomía municipal no significa soberanía».
LLA denunció, en cambio, que se alteraron decisiones de los convencionales y cuestionó la eliminación de disposiciones sobre publicidad oficial, restricciones al crecimiento de la planta municipal y controles presupuestarios. Los exconvencionales libertarios presentaron reclamos y advirtieron que solicitarán judicialmente la nulidad de las modificaciones.
Entre los puntos controvertidos figuran la supresión del requisito de secundario completo para ser concejal y de la cláusula transitoria que computaba el mandato actual de Emiliano Durand como el primero para el límite de reelecciones consecutivas.
El texto que recibirán los diputados mantiene entre las inhabilidades para ser concejal la negativa a realizarse un examen toxicológico o no superarlo. También incluye a los deudores alimentarios inscriptos en el registro correspondiente y a quienes tengan una condena por delitos dolosos en segunda instancia, aunque no esté firme.
Mandatos y nuevos organismos
La propuesta establece mandatos de cuatro años para los concejales, una sola reelección consecutiva y renovación por mitades cada dos años. También incorpora al Defensor del Pueblo y capítulos sobre discapacidad, usuarios y consumidores, derechos vecinales y defensa del orden constitucional.
En materia de empleo municipal, prevé sistemas objetivos de ingreso basados en la idoneidad, convocatorias públicas y ascensos por mérito. Contempla concursos para cargos técnicos y administrativos, con excepciones para determinadas funciones, mientras que los funcionarios de conducción política seguirán siendo designados y removidos libremente.
El proyecto incluye pautas de disciplina fiscal y publicidad periódica de ingresos y egresos. Al confeccionarse el temario, estaba pendiente de dictamen en las comisiones de Asuntos Municipales y Transporte, Hacienda y Presupuesto y Legislación General.







