Según trascendió, se comenta entre los vecinos y vecinas que se estaría organizando un desalojo masivo, donde ofrecerían viviendas a cambio de abandonar el lugar, pero para ser acreedor de dichas viviendas deberían pagar planes desde 600 mil pesos mensuales, además de costosas expensas, y todas las tarifas de luz, gas natural y agua de red, como así también tasas e impuestos de servicios de la vía pública como ser alumbrado, barrido y limpieza.
Y los vecinos dicen que les será imposible ya que no generan en sus trabajos ese dinero para hacerse cargo, además de los otros gastos como ser el de alimentación, vestimenta, escolares, etc., y por esa razón, dicen, lo están compartiendo con los medios de noticias para «que la sociedad se entere».
Según los rumores se trataría de que quieren transformar el barrio en un predio para almacenar contenedores, lo que sería un gran negociado para algunos a costa de invadir un barrio que ya tiene su historia y que los vecinos poseen sus certificados y papeles al día de sus viviendas.
Según datos oficiales este asentamiento, ya tiene 90 años de historia en la Ciudad de Buenos Aires, unas 72 hectáreas y más de 45.000 habitantes.
El Capellán Marcelo Laghi fue uno de los primeros en asistir y ponerse de pie junto a los vecinos, y aseguró que : «Quieren expropiarles las tierras a los mas débiles, en el barrio viven discapacitados, jubilados con la mínima, el que mas cobra cobra serán unos 800 mil pesos», y luego agregó «es muy injusto los desalojen de esa manera después de vivir acá desde hace muchísimos años».
En los últimos meses ya se han viralizado cientos de videos y publicaciones en redes sociales de operativos organizados por la Ciudad, en los que participó la policía, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y diversos ministerios.
Según explican desde el Gobierno Porteño, el objetivo es implementar «un plan de ordenamiento» en el barrio, tal como lo define el Ejecutivo porteño. Entre otras cosas, impedir que las viviendas y los locales comerciales se «expandan» hacia el exterior; que dejen de operar los corralones de venta de materiales y limitar así la construcción en altura; formalizar las actividades comerciales; y al final de la cuenta desalojar a los vecinos y vecinas que viven en el barrio desde hace décadas.
Para dar contexto, el barrio tiene su propia ley de urbanización que le pone normativa a la construcción y también a los usos comerciales. Se trata de la ley 6.129 (de 2018) que dio el marco legal para las obras de infraestructura -como el saneamiento, apertura de calles, de espacios verdes y deportivos- y el mejoramiento de las viviendas; además de la construcción de vivienda nueva.
En las zonas del Bajo Autopista, antes había viviendas, sin embargo estas familias ya fueron trasladadas a los nuevos edificios, construidos en los alrededores del barrio.
Una de zonas más sensibles del proceso de urbanización fue la mudanza de cientos de familias del Bajo Autopista, que fueron trasladadas a las nuevas viviendas, distribuidas en 26 edificios bajos, de 3 pisos. Ahora esta zona desalojada es un gran predio deportivo, con un centro comunitario, canchas de fútbol y de pickleball.
Hoy en día los vecinos comentan «Estamos en alerta, sobre todo preocupados, que no queremos que se lleven nuestras cosas».
En uno de los operativos, los vecinos filmaron cómo la policía se llevaba herramientas, mercadería e insumos de corralones; incluso maquinaria. Por eso temen que les pase lo mismo.
Desde el Gobierno de la Ciudad aclararon que las clausuras alcanzan sólo a los rubros prohibidos, como corralones, ferreterias, distribuidores mayoristas y metaleras (que comercializan los metales que se roban y vandalizan en el espacio público). También se desmanteló un lavaderos de autos, una gomería y un taller de chapa y pintura; y carteles publicitarios que se veían desde la Autopista Illia, mano al Centro.
La Ciudad entiende que a nivel de la infraestructura se avanzó con obras sanitarias -cloacales y pluviales-, tendido de redes de electricidad, agua, apertura de calles y construcción de viviendas. Y si bien se continúan haciendo algunas obras anexas, ven necesario avanzar en otros aspectos: «A medida que se fueron resolviendo los temas de infraestructura críticos, empezaron a aparecer otros temas a resolver que quizá son más incómodos para el rol del Estado. Y el espacio público que se ganó con la urbanización hay que respetarlo. Si no se respeta, hay que hacerlo respetar desde el Estado», señaló Guillermo Barberis, Subsecretario de Abordaje Territorial y Obras del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat.
El primer paso hacia este ordenamiento se dio cuando se desalojó una feria enorme sobre calle Perette. Comenzó como una feria de venta de ropa usada y terminó transformada en un caos que avanzaba hasta prácticamente hacer imposible el ingreso al barrio. Incluso puestos que se habían convertido en viviendas ultra precarias; y según expresaron desde Ciudad era que allí detectaron la venta de objetos que habían sido robados.
En este sentido, Barberis refleja de alguna manera el concepto que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, agita como bandera; esa idea de «recuperar el orden en las calles», en relación a los cortes, los manteros, las personas que revuelven los contenedores y la recuperación de viviendas tomadas.
Según datos oficiales, hay en el barrio 12.657 unidades funcionales. Y rige la prohibición de construcción y ampliación en aquellas que fueron intervenidas por el Estado en años anteriores. Actualmente no se hacen más obras en viviendas. Hay dos obras cloacales y pluviales en curso y otras dos, de centrales de baja tensión de electricidad; explicaron que se hacen según normativa de Edesur y Edenor, para que en el futuro puedan «conectar» las viviendas y que comiencen a pagar el servicio. Hay 880 viviendas escrituradas.
