Santiago Peña fue destituido en Paraguay y quedó bajo arresto domiciliario

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Paraguay atraviesa una profunda crisis institucional luego de que el Senado destituyera este viernes 6 de noviembre al presidente Santiago Peña y la Fiscalía ordenara su detención en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y otros hechos relacionados con el escándalo financiero de Ueno Bank.
La remoción fue aprobada por 44 votos, con la ausencia de un legislador, durante un juicio político que responsabilizó al mandatario por mal desempeño de sus funciones. Minutos después de la decisión parlamentaria, la Policía Nacional confirmó que Peña había quedado oficialmente detenido en su residencia de Asunción, donde deberá permanecer hasta ser puesto a disposición de la Fiscalía.

La medida judicial se produjo luego de que el Senado le retirara los fueros que lo protegían en su condición de presidente y que, tras dejar el cargo, ya no podrá conservar como senador vitalicio debido a la condena política.
Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay
Tras la destitución, el hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la conducción del Poder Ejecutivo. De esta manera, Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo de la historia reciente en ser removido mediante un juicio político, después de Fernando Lugo, quien fue destituido en 2012.
La crisis se profundizó luego de la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central de Paraguay. La entidad financiera, que contaba con alrededor de tres millones de clientes, quedó bajo un proceso de resolución después de que se detectaran problemas en sus niveles de solvencia.
El colapso generó preocupación entre ahorristas y organismos públicos que tenían fondos depositados en el banco. Entre los afectados se encuentran miles de jubilados vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos recursos también quedaron bajo la incertidumbre generada por la situación financiera de la entidad.
Por qué investigan a Santiago Peña
La investigación penal busca determinar posibles responsabilidades en la crisis bancaria y el eventual perjuicio ocasionado a los recursos públicos.
Entre los cuestionamientos planteados por legisladores y denunciantes aparecen los presuntos conflictos de intereses derivados de los vínculos comerciales que Peña había mantenido con el grupo empresario relacionado con Ueno, además de las decisiones sobre la colocación de fondos estatales en la entidad.

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También se investigan posibles irregularidades en las operaciones financieras y el desempeño de las autoridades del Banco Central frente a los problemas de solvencia del banco.
Las acusaciones forman parte de una investigación en curso y deberán ser acreditadas en el ámbito judicial. La destitución política del expresidente no implica, por sí sola, que exista una condena penal.
La Fiscalía ordenó que permanezca detenido en su domicilio
La orden de detención fue emitida por fiscales especializados en Delitos Económicos y Anticorrupción. La disposición establece que Peña deberá permanecer bajo arresto domiciliario hasta presentarse ante el Ministerio Público en Asunción.
La Policía acudió a su residencia para notificarlo y ejecutar la medida. Según informaron las autoridades, el expresidente permitió el ingreso de los agentes y quedó a disposición de la investigación.
La resolución también alcanzó a Carlos Carvallo Spalding, quien hasta el martes anterior había estado al frente del Banco Central de Paraguay. Su situación quedó incluida en las actuaciones vinculadas con el caso Ueno Bank.
De acuerdo con las autoridades fiscales, una vez que Peña comparezca ante el Ministerio Público se analizarán las evidencias reunidas y la Justicia deberá determinar las condiciones en las que continuará sometido al proceso.
Una crisis que sacudió al sistema financiero paraguayo
La caída de Ueno Bank provocó un fuerte impacto político y social en Paraguay. La entidad tenía cerca de 2,9 millones de clientes y administraba depósitos de particulares y organismos estatales.
La intervención del Banco Central dejó a numerosos ahorristas sin acceso inmediato a sus fondos y desató protestas frente a las instituciones públicas. El conflicto terminó por alcanzar directamente al Gobierno, en medio de denuncias sobre los vínculos entre el grupo financiero y el entorno del ahora expresidente.
El Senado removió a Santiago Peña y la Fiscalía dispuso su arresto domiciliario.
Mientras avanza la investigación judicial, el nuevo mandatario, Pedro Alliana, aseguró que los afectados por la crisis financiera recibirán una compensación. El futuro de los depósitos y la determinación de las responsabilidades por el colapso de la entidad serán algunos de los principales desafíos de la nueva administración.
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