Docentes y no docentes universitarios iniciaron paros que comenzaron el pasado miércoles 28 de octubre y se extenderán hasta el martes 3 de noviembre, convocados por distintas federaciones sindicales en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y el presupuesto para las casas de estudio.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), Milcíades Olmedo, enfatizó que continúa el plan de lucha en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, particularmente de sus artículos 5 y 6, referidos a la actualización de las becas estudiantiles y los salarios del sector.
Según indicó, las acciones fueron definidas durante la última reunión del Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que contó con la participación de 56 representantes de los distintos sindicatos y Universidades Nacionales. El cronograma de protesta contempla jornadas hasta el martes 3 de noviembre y nuevas medidas previstas para los días 12 y 16, con el objetivo de visibilizar el conflicto y sostener los reclamos de cara al tratamiento del Presupuesto Nacional en el Congreso de la Nación.
“Continuamos con las medidas de fuerza porque necesitamos la actualización de los salarios docentes y no docentes, así como de las becas. Nosotros planteamos que la LFU sigue vigente, ya que la medida cautelar fue ratificada en varias oportunidades”, afirmó y cuestionó las afirmaciones del Gobierno nacional respecto del supuesto pago de las diferencias salariales adeudadas, asegurando que esa situación ya fue demostrada públicamente ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Como ejemplo concreto, señaló la situación de los trabajadores no docentes comprendidos en el convenio colectivo de trabajo, donde las categorías 5, 6 y 7 perciben una garantía salarial por fuera de los conceptos remunerativos correspondientes. Según explicó, la mencionada ley implica “el blanqueo” de estas sumas, por lo que considera que no se está cumpliendo efectivamente con la normativa vigente.
Otro de los puntos centrales del reclamo es la falta de apertura de instancias de discusión sobre el presupuesto universitario para el próximo año. Según enfatizó Olmedo, esta discusión resulta “fundamental” para garantizar el funcionamiento de las casas de estudios nacionales, sostener las condiciones laborales y asegurar el derecho a la educación pública.
Finalmente, ratificó la exigencia de “una paritaria libre y consensuada”, que permita discutir salarios en “un ámbito de negociación real”, con participación de las organizaciones sindicales.
