En una medida cautelar de fuerte repercusión institucional y judicial, la Justicia penal juvenil de Lomas de Zamora dispuso suspender por un plazo de 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La resolución, firmada por la jueza Marta Pascual, alude a la falta de infraestructura edilicia y de recursos humanos aptos para albergar a los adolescentes que resultarían alcanzados por el nuevo marco normativo.
El fallo responde favorablemente a la interposición de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por defensores oficiales y organizaciones del sector. En sus fundamentos, la magistrada subrayó que la puesta en marcha de la Ley 27.801 en las condiciones actuales de las alcaldías y centros sociocomunitarios bonaerenses implicaría someter a los jóvenes de entre 14 y 15 años a situaciones de superpoblación y hacinamiento, violando estándares internacionales de protección de los derechos de la infancia.
Para sostener el freno temporal de la normativa, el fallo recurrió a tratados internacionales con jerarquía constitucional en la Argentina, tales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño y las denominadas Reglas de La Habana y de Beijing. Según el criterio de la jueza, el encierro de menores en dependencias no acondicionadas de manera específica termina exacerbando los índices de violencia e inseguridad, en lugar de cumplir con el mandato de reinserción y responsabilidad pedagógica que exige la ley.
La suspensión por dos meses impone una pausa operativa que fuerza una instancia de coordinación urgente entre las autoridades del Poder Ejecutivo nacional, la gestión provincial y los juzgados de minoridad. Durante este paréntesis, el sistema penal juvenil bonaerense deberá acreditar la adecuación de sus centros de contención y definir los protocolos de traslado antes de hacer efectiva la aprehensión y el juzgamiento de adolescentes a partir de los 14 años. Dio lugar a un hábeas corpus colectivo que frena temporalmente la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil ante el riesgo de hacinamiento e infracción a las garantías constitucionales.
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