Las empresas que operan el transporte metropolitano de pasajeros confirmaron que la crisis financiera ya comenzó a repercutir en el servicio mediante una reducción de unidades y frecuencias. Además, advirtieron que la situación podría agravarse si SAETA no regulariza los pagos pendientes desde julio.
El planteo fue realizado mediante una solicitada publicada ayer por Ahynarca SA, Ale Hnos. SRL, El Cóndor SA, Alto Molino SRL, Transal SRL, Eduardo Ale SRL y Transporte Automotor del Valle SRL.
Las compañías pidieron disculpas a los usuarios afectados por los recortes y responsabilizaron a la conducción de SAETA por el «progresivo deterioro» del sistema.
«Las dificultades financieras que hoy afectan al sistema son consecuencia directa de decisiones adoptadas por la dirección de SAETA», señalaron. También aseguraron que cuentan con la flota, el personal y los recursos necesarios para ofrecer un servicio de mayor calidad, pero que los atrasos condicionan la operación cotidiana.
Incumplimientos de pagos
Las empresas sostienen que SAETA mantiene incumplimientos en el pago de los servicios prestados desde julio. Según expusieron, la falta de recursos comenzó a afectar la compra de combustible y la posibilidad de afrontar otras obligaciones indispensables para mantener los colectivos en circulación.
La solicitada no detalla cuántas unidades fueron retiradas ni en qué corredores se redujeron las frecuencias. Tampoco especifica el monto total de los certificados adeudados. No obstante, confirma que el conflicto económico dejó de ser una discusión exclusivamente contractual y ya tiene consecuencias para los pasajeros.
Desde El Tribuno se consultó a Saeta para conocer su posición sobre el nuevo planteo, el alcance de las deudas denunciadas y la reducción del servicio. Desde el organismo indicaron que durante la jornada de hoy brindarían información oficial.
Crisis en el tiempo
La nueva advertencia es otro capítulo de un conflicto que tomó estado público a comienzos de septiembre. El día 1, las empresas presentaron una nota en la mesa de entrada de SAETA para informar que solo disponían de combustible suficiente para prestar el servicio durante seis días.
En esa presentación afirmaron que habían alcanzado un punto de «extrema complejidad» debido a la falta de pagos en tiempo y forma y solicitaron la cancelación de los certificados adeudados.
Dos días después, Saeta intimó formalmente a las operadoras a garantizar la continuidad y regularidad del transporte. Les recordó que las obligaciones contractuales continuaban vigentes y les exigió evitar cualquier suspensión, reducción o alteración unilateral que perjudicara a los usuarios.
Al mismo tiempo, el organismo reconoció la existencia de un déficit operativo y confirmó que gestionaba ante el Gobierno provincial una asistencia financiera extraordinaria para conseguir los recursos necesarios.
Un problema no resuelto
Saeta sostuvo entonces que continuaba realizando pagos semanales de acuerdo con los fondos disponibles. Las empresas mantuvieron el servicio y no se produjo la paralización total anunciada como posibilidad a principios de mes. Sin embargo, casi tres semanas después, las prestatarias aseguran que el problema no fue resuelto y que ya hubo recortes.
Las compañías reclamaron el «estricto cumplimiento» de los contratos y pidieron seguridad jurídica para las empresas que realizaron inversiones en el transporte público.
También solicitaron la intervención directa del gobernador Gustavo Sáenz para alcanzar una «solución urgente y definitiva» que garantice la continuidad del sistema.
«El transporte público no es una variable de ajuste; es un servicio esencial y un derecho social que SAETA y el Estado deben garantizar de forma ininterrumpida», expresaron.
Las prestatarias afirmaron que mantienen la voluntad de seguir operando, aunque alertaron que, si persisten las actuales condiciones, podrían quedar imposibilitadas de cumplir sus obligaciones económicas y sostener el servicio con normalidad.
El sistema metropolitano arrastra dificultades desde la eliminación de los subsidios nacionales al transporte del interior, a fines de 2023. A esa pérdida de recursos se sumaron el incremento de los costos del combustible, los salarios y los repuestos, además de una caída en la cantidad de pasajes vendidos.
La controversia se concentra ahora en dos puntos: cuánto dinero adeuda SAETA a las empresas y qué medidas adoptará la Provincia para evitar que la reducción de unidades y frecuencias se profundice. La respuesta anunciada por el organismo será clave para determinar si existe una salida inmediata o si el conflicto continuará afectando a los usuarios.
