Las reuniones entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores de distintas provincias han tenido un enfoque claro: la oposición a los artículos del proyecto de presupuesto que podrían afectar las prestaciones para personas con discapacidad. A pesar de los intentos de diálogo, el malestar entre los mandatarios persiste, especialmente tras la reciente inclusión de cambios que, según ellos, menoscaban la universalidad y accesibilidad de estas prestaciones.
El gobernador jujeño, Carlos Sadir, se unió a la reunión de ayer con otros mandatarios del norte, donde se discutieron las inquietudes sobre el proyecto. Los gobernadores han expresado su preocupación y han solicitado la eliminación de los artículos en cuestión. Santilli, por su parte, ha vinculado el apoyo al presupuesto con las negociaciones en curso sobre la reforma política, que busca eliminar las PASO, una herramienta fundamental para la oposición.
Durante una reunión de la comisión de Discapacidad en Diputados, se dio a conocer información relacionada con el presupuesto que ha sido interpretada por la oposición como un ataque a los derechos de las personas con discapacidad. Algunos gobernadores han manifestado que son ellos quienes deben responder ante la población en relación a la atención de estas personas, subrayando la responsabilidad que sienten en este ámbito.
La situación se complica aún más con la presión de las cámaras de prestadores y entidades educativas, que han alertado sobre posibles transferencias de responsabilidades en el transporte y educación para personas con discapacidad a las provincias. Expertos en salud han argumentado que estos temas deberían seguir bajo la responsabilidad del área de Desarrollo Social a nivel nacional.
La Libertad Avanza ha enfrentado varias derrotas en el ámbito parlamentario en lo que respecta a temas de discapacidad, con la oposición haciendo valer sus votos para proteger la ley de emergencia en este sector. Además, ha surgido tensión por la propuesta del Poder Ejecutivo de modificar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares, lo que podría afectar la estabilidad de estos beneficios.
Algunos mandatarios han cuestionado los cambios propuestos, indicando que la AUH es una política de Estado que ha demostrado su eficacia. El gobernador salteño, Gustavo Sáenz, ha expresado que el equilibrio fiscal debe ir de la mano con un equilibrio social, y ha advertido sobre el creciente malestar en torno a las decisiones que impactan a las personas con discapacidad.
A medida que la situación se desarrolla, los gobernadores continúan trabajando para encontrar soluciones y defender los intereses de sus provincias, manteniendo un diálogo abierto con el Gobierno nacional. La búsqueda de consensos se perfila como un aspecto fundamental para abordar estas problemáticas sociales de manera efectiva.
Fuente: La Nación
