La derogación de la Ley N.º 6.376 de Promoción de la Economía Social por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no sólo generó un fuerte rechazo del sector cooperativo, sino que impulsó un proceso de articulación que ya está dando que hablar. Un total de 76 organizaciones, entre cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, federaciones y confederaciones, conformaron la Mesa de Cooperativas de CABA, un espacio que buscará defender las políticas públicas destinadas a la economía social y solidaria, y elaborar una propuesta legislativa que restituya las herramientas eliminadas por la denominada Ley Hojarasca.
La creación de la Mesa fue la respuesta colectiva a la publicación del Decreto 257/26, mediante el cual el jefe de Gobierno, Jorge Macri, promulgó la Ley N.º 6962, que derogó íntegramente la Ley de Promoción de la Economía Social y eliminó el marco jurídico que sostenía programas de financiamiento, capacitación, formalización y fortalecimiento de las unidades productivas de la Ciudad.
Una construcción colectiva por la Economía Social y Solidaria
Entre las organizaciones impulsoras se encuentran la Federación de Cooperativas Autogestionadas de la República Argentina (FEDECARA), la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas (FACTA), la Federación Trabajadores Cooperativos Ltda. (FETRACOOP), la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), la Fundación La Base, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), además de cooperativas de trabajo, mutuales, organizaciones territoriales y asociaciones civiles. El objetivo, explican desde el espacio, es que la Mesa continúe ampliándose y represente a la totalidad del movimiento cooperativo porteño.
Para Hugo Cabrera, presidente de FEDECARA, esa amplitud será una de las claves del proceso. «La Mesa es muy importante y habría que ampliarla lo más posible, porque hay muchas organizaciones con sede en Capital. Más allá de cualquier situación ideológica que podemos tener con el Gobierno porteño, hay en la Constitución de CABA y había en la conformación propia de leyes, herramientas que favorecían a las organizaciones sociales y la ayuda mutua, incluso con enlaces entre privados y cooperativas«, sostuvo.
Cabrera recordó que la normativa derogada también facilitaba el acceso a financiamiento para proyectos productivos y consideró que, si bien resulta improbable revertir el decreto ya promulgado, el camino pasa por construir una nueva iniciativa legislativa. «Sabemos que es imposible que anulen el decreto que efectivizó la derogación de la Ley, pero sí podemos presentar un proyecto de ley para suplantar esto y mejorar la situación. La idea es conversar con legisladores, diputados y otros funcionarios de la Ciudad«, explicó.
En ese sentido, adelantó que el próximo lunes las entidades volverán a encontrarse en la Cooperativa La Cacerola para comenzar a delinear esa estrategia: «Hay que unirse en las cosas transversales«.
Mesa de cooperativas de CABA: además del reclamo, proponen un programa de trabajo
Desde FACTA, su presidente Federico Tonarelli remarcó que la conformación de la Mesa expresa uno de los principios fundamentales del cooperativismo: la integración. «Unirse es fundamental. Nosotros nacemos de la necesidad de organizarnos y unirnos en cada cooperativa, y a su vez cada entidad lo hace en federaciones y estas en confederaciones. Además, es uno de los siete principios cooperativos», afirmó.
Para el dirigente, la situación actual exige una respuesta coordinada: «Más aún en este contexto donde estamos pasando por una situación tremenda por las políticas que está llevando el Gobierno Nacional. Por eso vamos a dar la pelea en defensa de nuestro movimiento».
Tonarelli explicó que la Mesa ya comenzó a elaborar un programa de acción que irá más allá del rechazo a la derogación de la ley. «Las iniciativas que pensamos son, en primer lugar, solicitar reuniones con autoridades de los distintos organismos que tienen que ver con la vida del movimiento cooperativo para conversar sobre la derogación de la Ley de Economía Social y el impacto que tiene sobre todas las políticas de asistencia«, indicó.
El dirigente adelantó además que buscarán mantener encuentros con la Comisión de Cooperativas de la Cámara de Diputados y otros organismos públicos: «No sólo son pedidos de reuniones, sino que tenemos un programa que queremos presentar a las autoridades«, señaló. La próxima reunión de la Mesa será el lunes 3 de agosto, donde terminarán de definir esa agenda. «Todas las cooperativas están invitadas a participar. Y la idea es que esta Mesa surgida en CABA se pueda replicar en otras provincias del país», concluyó.
Lo que se perdió con la derogación
El eje del reclamo está puesto en la desaparición de una política pública que iba mucho más allá del financiamiento. La Ley 6.376 tenía como objetivo promover el desarrollo de las unidades productivas de la economía social mediante un conjunto de herramientas que incluían el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social (FONDES), líneas de crédito del Banco Ciudad, programas de capacitación, beneficios impositivos, mecanismos para facilitar la participación en compras públicas y procesos de formalización para cooperativas, mutuales y emprendimientos asociativos.
Además, la norma establecía un diseño institucional específico para administrar esos recursos, con un Comité Ejecutivo y un Consejo Asesor Técnico encargados de evaluar y seleccionar los proyectos beneficiarios. Con la sanción de la Ley N.º 6962, ese entramado quedó sin sustento legal. Incluso, el artículo 7 de la nueva norma dispuso que las partidas presupuestarias destinadas a ejecutar la ley derogada fueran transferidas al Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño.
Para las organizaciones que integran la Mesa, la preocupación excede la desaparición del FONDES. Consideran que se eliminó el único marco normativo que reconocía institucionalmente a la economía social como política pública en la Ciudad de Buenos Aires y que, a partir de ahora, será necesario construir una alternativa legislativa que vuelva a garantizar herramientas de desarrollo para un sector que genera producción, empleo y arraigo territorial.
